La Comunidad de Madrid no valora el fondo del recurso contra la Ley de Medidas Urgentes pero acatará el dictamen del TC

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid eludió hoy valorar el fondo del recurso de inconstitucionalidad que el Gobierno de la Nación interpondrá contra la Ley de Medidas Urgentes para la Modernización de la Administración y el Gobierno, aprobada este verano, si bien se mostró dispuesta "acatar, como siempre", la resolución que el Tribunal Constitucional (TC) emita al respecto, dijo a Europa Press un portavoz del Ejecutivo de Esperanza Aguirre.

La decisión de interponer el recurso fue adoptada hoy por el Consejo de Ministros una vez vistos el informe del Consejo de Estado y los criterios técnicos de los Ministerios de Medio Ambiente y Justicia.

En concreto, el Gobierno central busca impugnar el artículo 9 de la Ley autonómica, que modifica las competencias de los agentes forestales en las fincas privadas, alegando que se invaden competencias reservadas por la Constitución a la legislación estatal.

Además, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero entiende que esta nueva normativa "reduce la defensa del interés público, ya que se merman notablemente las posibilidades de estos profesionales para ejercer la labor de vigilancia y garantizar el cumplimiento de la legalidad, y la adecuada conservación de los ecosistemas y diversidad biológica de la Comunidad Autónoma".

"EQUIPARACIÓN" CON LA GUARDIA CIVIL

Cuando la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, anunció en septiembre la intención del Gobierno de recurrir la Ley de Medidas Urgentes, el vicepresidente primero y portavoz de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, alegó que esta normativa "no pretende quitar a nadie la consideración de agente de la autoridad, sino equiparar esa funcionalidad a la de cualquier otro agente y, muy especialmente, a la Guardia Civil".

El 'número dos' de Esperanza Aguirre dijo entonces que la Ley se había "explicado y debatido" en el Parlamento regional, donde fue aprobada sólo con los votos del PP, y que su objetivo es "mejorar muchos aspectos del funcionamiento de los servicios públicos en la Comunidad de Madrid y las condiciones del urbanismo, agilizar las tramitaciones y hacer compatible un desarrollo adecuado de la región con la defensa de los intereses generales de todos los ciudadanos".

IMPEDIR LA "PATADA EN LA PUERTA"

Mientras, el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Antonio Beteta, defendió el artículo de la Ley que afecta a las funciones de los agentes forestales y les exige autorización judicial para entrar en montes y fincas de titularidad privada argumentando que así se impedirá que estos profesionales trabajen "dando una patada en la puerta".

"En la puerta de mi casa nadie puede dar una patada si no es con un mandato judicial", señaló Beteta, quien advirtió que "la ley no impide entrar, sólo establece un trámite previo", de forma que los agentes forestales puedan "actuar como cualquier autoridad no policial en el sentido de ir al juez cuando tengan conocimiento o indicio de la existencia de un delito o una irregularidad".

Respecto al carácter de autoridad de los agentes forestales, cabe recordar que el Grupo Popular introdujo en el texto final de la Ley --aprobada en el Pleno de la Asamblea de Madrid el pasado 25 de julio-- una enmienda que mantiene el carácter de autoridad de estos profesionales.