La Comunidad remite a la Asamblea la Ley de Medidas Liberalizadoras tras el visto bueno del CES

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno aprobó hoy la Ley de Medidas Liberalizadoras tras obtener el visto bueno del Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (CES), órgano que considera "muy positiva" la norma para impulsar el empleo, "afianzar la economía regional y estimular la actividad de empresas y autónomos".

Así lo anunció hoy el vicepresidente y portavoz regional, Ignacio González, quien precisó que el texto se ha remitido a la Asamblea de Madrid para su debate y aprobación. Además, indicó que la Ley incorpora reformas administrativas para impulsar la creación de riqueza en la región con nuevos empleos, negocios e inversiones.

González afirmó que el CES en su informe señala que "la mayor solidez" de la economía de Madrid "podría ser atribuida --al menos en parte-- a la introducción por parte del Gobierno de la Comunidad de este tipo de medidas liberalizadoras y al establecimiento de un marco institucional y normativo que da protagonismo a las empresas e intenta no poner trabas a la iniciativa privada".

Además, el Consejo anima al Ejecutivo a "seguir en esta línea" y "recomienda profundizar en la línea y en la orientación seguidas por este Anteproyecto, que pretenden afianzar la economía regional y estimular la actividad de las empresas y de los trabajadores autónomos, como vía para mejorar el bienestar de todos los madrileños".

PREVISIÓN DE CREACIÓN DE 20.000 EMPLEOS

Según informó hoy el Gobierno regional, con esta Ley, trasposición de la Directiva Europea, se pretenden crear más de 20.000 empleos y un crecimiento adicional anual de la economía madrileña en 6 décimas del Producto Interior Bruto (PIB), de la misma manera que sus efectos supondrán el aumento adicional de la riqueza por madrileño, el PIB per cápita, en 190 euros.

Esta norma introduce una serie de medidas liberalizadoras, simplifica los trámites administrativos con la modificación de más de 50 procedimientos de la administración y agiliza el proceso para la creación de nuevas empresas en sectores claves para el desarrollo de la región. Además, esta norma, que da cumplimiento a la Directiva de Servicios europea, moderniza la Administración regional, y mejora la calidad de los servicios que esta presta ya que conlleva la supresión o modificación de más de 70 normas autonómicas.

La nueva ley facilitará la creación de nuevos centros comerciales y la ampliación de los ya existentes, mediante la supresión de la segunda licencia hasta ahora necesaria de la Administración autonómica, sustituyéndola por una comunicación una vez otorgada por el Ayuntamiento la licencia municipal.

De este modo, se reducen costes a las empresas comerciales y se elimina la tasa actual de 1.933 euros. Por otra parte, se suprime la distancia mínima de 10 kilómetros entre áreas de servicio de carretera, y se permite ofrecer servicios de hostelería y hospedaje en áreas de servicio situadas cerca de los núcleos de población, algo hasta ahora prohibido.

NUEVOS HOTELES

También fomentará la puesta en marcha de nuevos establecimientos hoteleros y de restauración al suprimir las autorizaciones de clasificación necesarias en la actualidad por una comunicación o una declaración responsable, ahorrándose trámites de hasta seis meses de duración.

En cuanto a las agencias de viajes se elimina el requisito de estar en posesión del título-licencia para el ejercicio de la actividad y se sustituye por una declaración responsable. Además, los restaurantes o bares de los hoteles podrán realizar reformas para disponer de acceso directo desde la calle y podrán instalar también terrazas.

Desde el punto de vista industrial, todos los trabajadores podrán empezar su negocio de forma automática, al sustituirse el permiso de actividad de la Comunidad por una sencilla comunicación, un trámite que ahora duraba hasta tres meses. Para ello, se suprimirá la autorización de instaladores y mantenedores de actividades industriales por una declaración responsable, y se eliminará la obligación de que empresas procedentes de otras comunidades autónomas se inscriban en un registro específico, que debía actualizarse cada cuatro años.

También se reducirán a la mitad los plazos de más de 50 procedimientos que llevan a cabo particulares y empresas con la Administración, así como al sustituir los efectos negativos por positivos o estimatorios en la falta de resolución expresa en el plazo establecido. Por último, se permitirá con esta nueva normativa autonómica la creación de colegios profesionales de adscripción voluntaria.