MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) ha considerado este miércoles que la contratación de personal ajeno a la Administración de Justicia para realizar labores de apoyo en juzgados es "ilegal" al considerar que no respeta los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad, tal como establece la Constitución y el Estatuto Básico del Empleado Público, ha informado el sindicato en un comunicado.
Así lo ha señalado después de que hoy se haya publicado una información acerca de que la Comunidad de Madrid contrató supuestamente ilegalmente a una persona ajena a la Administración de Justicia para que ayudase al magistrado Antonio Pedreira entre 2009 y 2012.
Para CSIF, la situación de precariedad de medios personales en la Comunidad es "alarmante". Por ello, ve "lamentable" que el Gobierno regional se dedique a contratar a personal ajeno a la Administración de Justicia.
A su juicil, con ello vulnera claramente la legalidad y empleando los recursos que debería dedicar a dotar con medios personales y materiales los órganos judiciales de la comunidad haciendo posible que puedan prestar el servicio público de la Administración de Justicia de manera óptima.
"Los Cuerpos de funcionarios de la Administración de Justicia son los cuerpos de la administración especializados en materias técnico-procesales y los designados por la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para ejercer las funciones de asistencia a Jueces y Magistrados y ocupar los puestos en las oficinas judiciales, fiscales y servicios de la Administración de Justicia (art. 435)", ha señalado.
Esta asistencia se presta a través del personal titular y del personal interino perteneciente a las respectivas bolsas de empleo que se convocan periódicamente. El artículo 435.4 establece claramente que, "los puestos de trabajo de la Oficina judicial sólo podrán ser cubiertos por personal de los Cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia"
Para CSIF, resulta "inaceptable" que el Gobierno regional se gaste de forma irregular decenas de miles de euros en contratar a personal ajeno a la Administración de Justicia "vulnerando la legalidad vigente, cuando no está cubriendo unas 550 plazas vacantes repartidas por todos los órganos judiciales de nuestra región con la excusa del ahorro y la austeridad, cuestión que está perjudicando el servicio público y a los ciudadanos".
CSI-F ha recordado, por último, que la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid si funciona, es "gracias a la dedicación y profesionalidad de todos los Empleados Públicos que desarrollan su actividad en nuestros órganos judiciales, que superan día a día las graves carencias que sufrimos en medios materiales, informáticos y de personal".
