MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo inició a finales del pasado año una actuación de oficio para conocer las medidas adoptadas por la Consejería de Educación y Empleo de la Comunidad de Madrid con las instrucciones de inicio de curso dada su "preocupación" por las "repercusiones negativas" que podían tener las movilizaciones iniciadas en septiembre, con huelgas incluidas, a raíz de estas normas.
Así se desprende del Informe Anual 2011 que la Defensora del Pueblo, Maria Luisa Cava de Llano, ha entregado esta semana en el Congreso de los Diputados y en el Senado, y donde se recogen las "numerosas" quejas que recibió esta institución en relación con las variaciones en la organización y desarrollo del curso escolar y con el incremento de las horas lectivas del profesorado, derivadas de las instrucciones dictadas en distintas comunidades.
En general, los formulantes de estas quejas se referían a las consecuencias negativas que, sobre la calidad de la atención educativa que recibieran los alumnos, se derivarían de la decisión adoptada por varias administraciones educativas de incrementar el horario lectivo semanal del profesorado de los institutos de Secundaria.
Sin embargo, el Defensor del Pueblo, en respuesta, les expresó a los autores de estas quejas que no le corresponde a esta institución "cuestionar el ejercicio de la potestad autoorganizatoria para la prestación del servicio público educativo por parte de las autoridades competentes".
No obstante, a la vista "del elevado nivel de conflictividad existente", consideró "conveniente" expresar al departamento de Educación de Madrid, de cuyo ámbito territorial procedían la mayor parte de las quejas, "su preocupación por las negativas repercusiones que tal conflictividad tenía en el desarrollo del proceso educativo de los alumnos".
"Una de las consecuencias más evidentes era la pérdida de períodos lectivos que afectaba de manera especialmente negativa a los alumnos de Secundaria y Bachillerato, y más aún a estos últimos cuyo calendario escolar está ya mermado por la necesaria preparación de las pruebas de acceso a la universidad".
En este sentido, manifestó a la Consejería que, a su juicio, debería propiciar por todos los medios a su alcance "el establecimiento de espacios de diálogo, a fin de rebajar o eliminar la conflictividad" que dio lugar a esta situación y, en concreto, "buscar soluciones específicas" para que el alumnado no fuera "perjudicado" en sus derechos e intereses académicos a lo largo de este curso escolar.
En razón de ello, se acordó iniciar de oficio una actuación con el objeto de conocer las medidas adoptadas o que se previese adoptar por parte de esa Consejería con las finalidades antes expuestas, y específicamente para posibilitar la recuperación de los períodos lectivos perdidos a los alumnos del sector educativo público en la Comunidad de Madrid.
LA COMUNIDAD, DISPUESTA AL DIÁLOGO
Según recoge dicho informe, en su respuesta la Consejería de Educación y Empleo se manifestó "dispuesta al diálogo y a facilitar puntos de encuentro con las organizaciones sindicales, con el fin de contribuir a la superación de la problemática actual", pero sin que ello supusiera "la retirada previa de las Instrucciones de la Viceconsejería de Educación, de fecha 4 de julio de 2011".
Asimismo, la Consejería explicó que la exigencia de las organizaciones sindicales de retirar estas instrucciones no pudo ser aceptada, "dado el perjuicio que hubiese supuesto tanto para los alumnos como para la organización de los centros" que, según aseguraba, "estaban funcionando con normalidad, atendiendo a lo establecido en las citadas instrucciones".
En la misma línea, el departamento educativo de la Comunidad de Madrid entendió que la evolución del primer trimestre académico había demostrado que los centros docentes funcionaban "bien" con las medidas resultantes de la aplicación de las repetidas instrucciones, que los alumnos estaban siendo "atendidos correctamente".
Además, aseguraron, según el Defensor, que las enseñanzas se impartían con "iguales criterios de calidad que en cursos anteriores", para concluir que, dado que el curso estaba funcionando con normalidad desde el punto de vista organizativo de los centros, "cualquier modificación respecto a las mencionadas instrucciones resultaría perjudicial".
Pese a estas explicaciones, el Defensor del Pueblo explica que la Consejería que dirige Lucía Figar no ha proporcionado la información solicitada respecto de la pérdida de períodos lectivos por los alumnos y sobre las medidas adoptadas para su recuperación.
