MADRID, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha formulado una recomendación a la Dirección General de la Policía proponiendo que se adopten las medidas necesarias para evaluar con la mayor precisión posible el grado de riesgo de cada víctima de violencia de género para garantizar su seguridad.
Esta recomendación tiene su origen en una investigación de oficio iniciada tras el asesinato de una mujer que había denunciado en reiteradas ocasiones a su agresor y que contaba con una orden de
alejamiento. Esta mujer estaba catalogada como víctima con riesgo bajo y no contaba con servicio de teleasistencia móvil y tampoco se le había realizado un seguimiento.
Aunque la investigación no ha podido concluir si la muerte de esta mujer podría haberse evitado de haber adoptado las medidas necesarias para su protección, esta institución entiende que sí ha puesto de manifiesto que no se adoptaron las medidas preventivas previstas para estos supuestos.
"La oficina del Defensor del Pueblo es consciente de los esfuerzos que están realizando todas las administraciones y de forma destacada los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para luchar contra la violencia de género, sin embargo en este caso no se adoptaron las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la víctima", ha señalado en su boletín mensual.
Por otro lado, la actuación de la Defensora del Pueblo ha evitado que una presunta víctima de trata sea devuelta a su país. A través de una organización no gubernamental, Becerril tuvo conocimiento del inminente retorno de una presunta víctima de trata retenida a su llegada a España en el aeropuerto de Barajas.
La presunta víctima solicitó protección internacional, solicitud que fue denegada a pesar del informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) que señalaba que podría ser
víctima de trata o estar en riesgo de serlo. También alegó ser menor de edad, acreditándolo con una fotocopia de su acta de nacimiento.
Sin embargo, según esta institución, la Fiscalía de Menores de Madrid no consideró necesario la realización de pruebas para determinar su minoría de edad ya que no se detectó que su fecha de nacimiento pudiera haber sido manipulada.
Así, Becerril formuló una sugerencia a la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid para que se le concediera a esta mujer el periodo de restablecimiento y reflexión y fuera derivada a un recurso de acogida especializado, la cual ha sido aceptada.
