Desalojo masivo en un edificio okupado propiedad de la Sareb en Collado Villalba

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

   Un edificio okupado ubicado en la calle Real de Collado Villalba, propiedad de la Sareb, dependiente del Ministerio de Economía, ha sido desalojado la mañana de este jueves, lo que ha afectado a más de medio centenar de personas según el Ayuntamiento de las más de cien que vivían en él.

   Desde primera hora de la mañana, decenas de personas convocadas por la Asamblea de Vivienda Villalba se han congregado a las puertas del bloque ubicado en la calle Real 13-15 para evitar el lanzamiento.

   Un amplio dispositivo policial formado por efectivos de la Policía Local y la Guardia Civil custodiaba el inmueble, donde los congregados han dispuesto colchones y enseres a modo de muro en la zona de entrada para intentar evitar el acceso. Una persona ha sido arrestada durante el proceso de desalojo por agresión, han indicado fuentes municipales a Europa Press.

   Se trata de un edificio de la Sareb okupado desde hace años en el que residen actualmente unas 43 familias, entre ellas menores y personas con discapacidad, según ha explicado a Europa Press Guillermo Di-Marco, miembros de la Asamblea de Vivienda de Collado Villalba.

   Desde Sareb han apuntado que se ha ofrecido reubicación a 15 familias vulnerables "y colaboradoras" que residían en el inmueble y que tenían acceso al programa de Alquiler Social con Acompañamiento e Inserción Laboral al haber acreditado su vulnerabilidad, puesto en marcha en 2022 y del que se benefician más de 9.800 hogares.

   De ellas, nueve fueron reubicadas en los últimos meses y han firmado un contrato de alquiler social de Sareb y el resto tienen vivienda reservada y oferta de alquiler, han indicado desde el organismo dependiente del Gobierno.

ORDEN DEL AYUNTAMIENTO

   El desalojo del inmueble se produce a petición del Ayuntamiento de la localidad, mediante un decreto comunicado a la Sareb, tras constatarse que el inmueble no reunía las condiciones mínimas exigibles para su uso como vivienda. Responde exclusivamente, según el Consistorio, "a criterios técnicos, de seguridad y de salubridad" y se ha realizado con "pleno respeto a la legalidad vigente" y siguiendo "criterios técnicos objetivos".

   Desde la Asamblea de Vivienda, en cambio, han asegurado que no hay justificación legal para llevar a cabo este desalojo masivo, ante el que hay cursada una petición de cautelarísimas en un juzgado, ha explicado el portavoz.

   "No han pedido una autorización judicial de entrada al domicilio; no hay declaración de ruina del edificio ni situación de emergencia que justifique un desalojo sin autorización judicial", recalcan desde la Asamblea, que aporta un informe técnico de un arquitecto independiente, fechado el pasado 30 de octubre.

   Según este informe, consultado por Europa Press, el edificio presenta "un estado estructural sólido y estable, sin patologías graves ni riesgos aparentes para la seguridad de sus ocupantes".

INFORMES TÉCNICOS MUNICIPALES

   En cambio, desde el equipo de Gobierno de Mariola Vargas se ha recalcado que los informes técnicos municipales "acreditan de forma concluyente la existencia de deficiencias estructurales, así como graves carencias en materia de seguridad y condiciones higiénico-sanitarias, incompatibles con la permanencia de personas en el interior del edificio y que suponían un riesgo real para la integridad física y la salud de sus ocupantes".

   Un informe técnico del arquitecto municipal con fecha de 13 de noviembre sobre este edificio, donde el pasado 26 de octubre se registró un pequeño incendio, concluyó que el edificio carecía de licencia de primera ocupación, según apuntan desde el Consistorio.

   Este incendio, ha destacado la alcaldesa, fue el detonante último para que el Ayuntamiento actuara, tras un informe de Bomberos que "decían que la situación era francamente insegura y en el caso de ocurrir otro incendio, pues podía haber incluso muertos".

   El Consistorio ha explicado además que, "actuando con responsabilidad y proporcionalidad", se instó a los propietarios a adoptar las medidas necesarias para resolver la situación. Así, se le comunicó la necesidad de regularizar una serie de actuaciones con el fin de garantizar la seguridad en el edificio y adecuarlo a la normativa vigente.

   Un día después, el 14 de noviembre, desde el Ayuntamiento se emitió otro informe técnico por parte del Área de Sanidad donde se detalla la situación del inmueble con una serie de deficiencias higiénico-sanitarias y de seguridad. "Las condiciones higiénico-sanitarias en las zonas inspeccionadas son deficientes, por lo que dichas zonas en concreto no reúnen los requisitos mínimos de salubridad", se indicaba en el mismo, según la versión del equipo de Gobierno.

   En este contexto, desde el Consistorio se concedió a los propietarios del edificio un "plazo prudencial" con el objetivo de que pudiera ofrecer alternativas habitacionales, especialmente para aquellas personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad que se encontraban en el edificio.

   Según el portavoz de la Asamblea de Vivienda, en cambio, no se ha ofrecido a estas familias una alternativa habitacional. En este sentido, ha denunciado que Collado Villalba es el municipio que menos presupuesto destina a Servicios Sociales por habitante, 39,33 euros (2023), frente a los 323,36 euros de la Comunidad o 372,23 euros de media española.

   La regidora ha explicado se ha procedido al desalojo de "más de medio centenar" de personas que quedaban dentro del inmueble, que han sido filiadas. "Todos adultos, la mayoría varones, sin ningún signo de vulnerabilidad aparente", ha subrayado la primera edil.

"NOS SOMOS BICHOS, SOMOS PERSONAS"

   Varios de los desalojados han explicado a Europa Press que había familias enteras que algunos llevan muchos años residiendo en este edificio y que ahora les "han tirado" a la calle, entre ellos, dicen, menores y personas vulnerables. "No somos bichos, somos personas humanas. Estamos en la calle y no tenemos donde ir", ha explicado Joaquina.

   Ella llegó a este inmueble desde el bloque okupado de la Sareb en el número 19 de la calle Trinidad, desalojado el 30 de septiembre. "Nos han tirado a todos, a una familia entera, y estamos todos en la calle y no sabemos ni dónde nos vamos a meter, dónde nos vamos a realojar", ha explicado.

   Tras el desalojo de calle Trinidad, Sareb tomó posesión del edificio y en estos meses ha podido analizar su estructura y el alcance de los daños, arrojando problemas estructurales que hacen imposible su habitabilidad en el estado actual.

   Los desalojados, que han tildado de "ilegal" e "injusto" este lanzamiento, han reclamado una solución habitacional para ellos, "para el bloque entero". "En la calle no nos podemos quedar. Aquí en Villalba ya ha habido más casos de muertes por frío al haberles echado a la calle en pleno invierno", ha lamentado otro de los afectados, que residía en el inmueble desde 2020.

CC.OO. ALERTA DE LAS BAJAS TEMPERATURAS

   Desde CC.OO. Madrid, que ha censurado el desalojo, se ha recordado que hace dos meses murió una persona en la calle, a la que se le negó una alternativa, tras otro desahucio promovido por el Ayuntamiento. "En Villalba hoy se registran temperaturas de 3 grados y las previsiones son que bajen aún más a medida que avance el día y la próxima noche", ha advertido.

   En un comunicado, la organización sindical ha advertido que "es muy peligroso que los ayuntamientos declaren los edificios en ruinas, cuando no lo están, para posibilitar desalojos extrajudiciales".