MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -
Agentes de Policía Nacional han detenido a un responsable de una cadena de pizzerías por contratar de manera ilegal a trabajadores en los cuatro locales que regentaba en la capital, a los que pagaba un salario de cuatro euros la hora y no eran dados de alta en la Seguridad Social, ha informado la Jefatura Superior de la Policía de Madrid.
La investigación comenzó meses atrás sobre la presunta contratación de mano de obra ilegal en varios establecimientos comerciales pertenecientes a una misma cadena de pizzerías, que no era muy conocida en la capital. Tras reunir diversa información referente a horarios de trabajo, titularidad de locales, ausencia de contratos o altas en la seguridad social, los investigadores llevaron a cabo de forma simultánea las correspondientes inspecciones en los cuatro locales.
Allí pudieron constatar que, hasta siete trabajadores en situación irregular trabajaban como cocineros, dependientes de atención al público, recepcionistas de pedidos o repartidores a domicilio. En todos los casos se trataba de inmigrantes irregulares que trabajaban sin ningún tipo de documentación, contrato laboral ni alta en Seguridad Social.
Además, los agentes pudieron comprobar la situación de explotación a la que estaban sometidos los empleados. Estos percibían cuatro euros a la hora como salario laboral, fuera cual fuera el cargo que desempeñaban.
Los repartidores eran los únicos que percibían una remuneración mayor. Además de los cuatro euros a la hora, éstos recibían una bonificación de 0,97 céntimos de euro por cada reparto a domicilio realizado, motivo éste por el que realizaban las entregas a gran velocidad y sin respetar las señalizaciones de tráfico, ha destacado la Policía. Los repartidores debían aportar moto propia y pagar el combustible utilizado en los repartos.
Igualmente, los trabajadores carecían de cualquier tipo de seguro que cubriese posibles accidentes laborales, siendo amenazados con el despido en caso de que se negaran a aceptar las condiciones impuestas por el jefe.
Este tipo de contrataciones irregulares suponían un ahorro para la empresas por las cantidades de dinero defraudadas en relación a las cotizaciones a la Seguridad Social de los trabajadores irregulares, Hacienda y en los propios salarios de los trabajadores, que previsiblemente no se ajustaban al convenio. Alguno de los mismos llevaba trabajando en la empresa desde hacía dos años.
La operación acabó con la detención de A. B., de 72 años, como presunto autor de un delito contra los derechos de los trabajadores. El dispositivo policial ha sido llevada a cabo por los grupos X y XII de la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación y ha contado con la colaboración de la Inspección de Trabajo de Madrid.