El proyecto del 'district heating' saldrá a adjudicación aproximadamente en abril y tardará en ser ejecutado unos seis o siete meses
MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -
El coordinador general de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) de Madrid, Juan José de Gracia, calificó hoy de "ridículas" las críticas de los vecinos de la calle Sierra de Lucena a la central termoeléctrica que se va a construir a la altura del número 13, y explicó que tan sólo se trata de "una pila de combustible" que sustituirá a las chimeneas de los edificios del nuevo Ecobarrio que se está levantando en los antiguos núcleos de infravivienda de Plata y Castañar, en el distrito de Villaverde.
En declaraciones a Europa Press, De Gracia indicó que la central termoeléctrica consiste en "una pila de combustible que convierte el gas natural en agua caliente sanitaria y calefaccion, reduciendo las emisiones de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera en un 23 por ciento, una cifra inferior a si cada edificio tuviera su propia chimenea".
Así, este 'district heating', como se conoce a la iniciativa en otras europeas y españolas donde también se está implementando como Barcelona, Cuenca o Bilbao, permitirá a los vecinos de las trece promociones de vivienda protegida y pública del Ecobarrio tener agua caliente y calefacción, evitando tanto el impacto visual de las chimeneas como reduciendo la contaminación.
"Lo que hace este sistema es centralizar todo el sistema de calefacción y agua caliente sanitaria para reducir emisiones de CO2. No sé de dónde salen otras informaciones, que son ridículas", apostilló el coordinador general, señalando asimismo que esta pila de combustible tendrá una potencia de 9 megawatios, por lo que no es obligatoria la Declaración de Impacto Ambiental.
Y es que, según explicó, "la Ley Ambiental de la Comunidad de Madrid dice que hay que estudiar caso a caso las pilas de entre cinco y 50 megawatios por si hiciera falta un procedimiento ambiental, pero para que éste sea obligatorio la potencia tiene que pasar de los 50 megawatios".
Según las previsiones municipales, este proyecto, que en 2009 recibió 2,7 millones del Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL), que se añadirán otros 3,1 millones del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad (FEES) de este ejercicio, saldrá para su adjudicación en abril aproximadamente, y podrá estar concluido en "seis o siete meses".
DESAHUCIO POR RUINA
En cualquier caso, más que quejarse por la presencia de este proyecto en las inmediaciones de sus viviendas, los nueve vecinos del número 13 de Sierra de Lucena se quejan de que el área de Urbanismo del Ayuntamiento haya declarado en "ruina inminente" un edificio que, según ellos, no sufre ningún problema estructural con el único objetivo de desahuciarles para hacer sitio para este proyecto del 'district heating'.
"La EMVS no declara en ruina ningún edificio, no tiene competencia para ello. Lo hace un funcionario de la Dirección General de Ejecución y Control de la Edificación, y la EMVS lo que hace es realojar a las personas que tengan derecho a ello según unos criterios aprobados por unanimidad tanto en la comisión de adjudicación de vivienda como en el Consejo de Administración de la Empresa, donde están representados PSOE e IU y, en la primera, incluso la FRAVM", continuó el responsable municipal.
Por eso, a su parecer es "probable" que algunos de los vecinos afectados "hayan usado la excusa de la central térmica porque no tienen derecho a realojo". "Pero nadie puede presionar así al Ayuntamiento", aseguró de Gracia.
De hecho, los afectados han interpuesto una denuncia por lo penal y por lo contencioso-administrativo contra Ayuntamiento y EMVS por un presunto delito de prevaricación y acoso inmobiliario, y han contratado a un arquitecto que asegura en un informe que el edificio no se encuentra en ruinas.
DESAHUCIOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS
Además, el coordinador general explicó que "otro mito es que la EMVS puede hacer desahucios judiciales", es decir, obligar a quien no quiere abandonar su casa a irse. Según él, "los inspectores de la EMVS pueden ir a los inmuebles, comprobar si se cumplen los criterios de realojo, informar y negociar con las familias con derecho a obtener otra vivienda".
Si algunas de las familias residentes, especialmente si están ocupando los pisos de forma ilegal, no quieren desalojar el edificio, el proceso pasa a la vía judicial, y es entonces cuando un juez debe determinar si se les puede echar y cuándo. Entonces, las autoridades municipales de Urbanismo pueden poner fecha al derribo del edificio. En este caso concreto, de las nueve familias afectadas cinco serán realojadas mientras que las otras cuatro, no tienen derecho a ello.
En cualquier caso, aunque el proceso pueda parecer largo, de Gracia manifestó su confianza en que no se retrase el inicio previsto de las obras para dentro de unos tres meses y medio. "El proceso ahora lo lleva Urbanismo, y no sé cuánto tardarán ni si cuando hay ruina se agiliza muco. Pero creo que los desahucios judiciales ahora van bastante rápido, tras la modificación de la ley hace un mes aproximadamente por el Consejo de Ministros", apuntó.
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