Publicado 12/04/2022 13:14

Enrique López cree que Dolores Delgado resta imparcialidad a la imagen de la Fiscalía en el caso de comisionistas

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López,
El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha afirmado que la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, "puede hacer parecer o restar imagen de imparcialidad a la Fiscalía" en relación al caso en el que se investiga a Luis Medina y a Alberto Luceño.

Así lo ha subrayado el consejero madrileño tras un acto en el Hospital Enfermera Isabel Zendal al ser preguntado acerca de las declaraciones en las que Luis Medina afirmó que la Fiscalía es "de izquierdas" en relación a su implicación en la causa en la que se le investiga por presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid en la compra de mascarillas para la pandemia.

Al respecto, López ha recalcado que la Fiscalía Anticorrupción y Española está formada por "excelentes" fiscales, si bien ha apuntado seguidamente que otra cosa es la fiscal general del Estado. "Merece todo mis respetos pero es lo que es, una exministra y una exdiputada socialista", ha destacado.

"Puede hacer parecer o restar imagen de imparcialidad a la Fiscalía. El problema no es la Fiscalía sino la fiscal general del Estado", ha apostillado.

De igual modo, ha querido dejar claro que en el caso que investiga el juez Adolfo Carretero Sánchez "no hay ninguna responsabilidad por parte de funcionarios o altos cargos del Ayuntamiento de Madrid".

"En la polémica en torno a los contratos de emergencias para conseguir material sanitario no hay ningún alto cargo político, funcionario ni del Ayuntamiento ni de la Comunidad de Madrid ni investigado, ni concernido ni relacionado", ha dicho.

En cambio, ha recordado que sí hay tres altos cargos del Ministerio de Sanidad investigados por el Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid en el marco de una querella interpuesta por Vox por contratos de emergencias.

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