Las escuchas cercan a una banda acusada de intentar introducir 346 kilos de cocaína en fruta con destino a Mercamadrid

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Madrid juzga a cuatro procesados acusados de intentar introducir más de 300 kilos de cocaína a través de cargamentos de fruta con destino a Mercamadrid, con las escuchas telefónicas como principal prueba de cargo.

La investigación arrancó a raíz de las sospechas sobre una de las mercantiles, después de que se produjera un cambio en sus administradores, y posteriormente se apoyó en intervenciones telefónicas que permitieron avanzar en las pesquisas sobre la presunta organización.

En la sesión, la Sala ha reproducido las intervenciones telefónicas realizadas en el marco de la instrucción. Solo uno de los cuatro acusados ha alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía tras reconocer los hechos, lo que ha permitido rebajar a ocho años de prisión la pena que se solicita para él. Los otros tres procesados niegan su participación en las operaciones investigadas y mantienen que no formaban parte de la organización.

El Ministerio Público acusa a los cuatro de un delito contra la salud pública, en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, en cantidad de notoria importancia y extrema gravedad, así como de otro delito de pertenencia a grupo criminal.

Según el escrito de acusación, los procesados se pusieron de acuerdo con otras personas no identificadas para aparentar operaciones legales de importación de fruta desde República Dominicana y Ecuador y ocultar en ellas cargamentos de cocaína.

Para ello, según la Fiscalía, utilizaron varias mercantiles, entre ellas 'Ampud Food Trade International', 'Teide Frutis Imex' y 'Frutas Rodri Import Export', esta última vinculada a una nave de Mercamadrid donde se recibían las partidas de fruta y donde estaba previsto el destino de la sustancia estupefaciente.

La investigación se inició después de que los agentes detectaran movimientos sospechosos en una de estas empresas tras un cambio de administradores. Las pesquisas permitieron obtener autorización judicial para intervenir las comunicaciones de los investigados, unas escuchas que, según sostiene la acusación, permitieron detectar conversaciones relacionadas con las operaciones de importación y el supuesto traslado de la droga.

El escrito fiscal señala que entre el 31 de julio y el 2 de diciembre de 2023 llegaron hasta 35 partidas de fruta procedentes de República Dominicana, si bien no consta acreditado que en esas operaciones se transportara droga y apunta que pudieron servir para comprobar la operatividad del plan.

La intervención de la droga se produjo el 2 de diciembre de 2023, cuando la Unidad de Análisis de Riesgo del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas detectó en un almacén de perecederos una mercancía procedente de República Dominicana que había llegado en un vuelo de Iberia y que tenía como destinataria a una de las empresas investigadas.

El envío estaba compuesto por 218 cajas, declaradas como papayas y aguacates, con un peso bruto de 3.116 kilos. Durante las maniobras de carga para trasladar la mercancía a la nave 8 de Mercamadrid, agentes de la Guardia Civil y de Vigilancia Aduanera procedieron a abrir el envío.

En el interior localizaron unos 450 paquetes rectangulares, distribuidos en 38 cajas y ocultos entre las cajas de fruta. Los análisis determinaron que contenían cocaína. En concreto, se incautaron 51,498 kilos con una pureza del 78,7 por ciento y otros 397,102 kilos con una pureza del 77 por ciento, lo que arrojó un total de 346,28 kilos de cocaína pura, según el escrito fiscal.

La Fiscalía cifra en 16.755.025,40 euros el valor que habría alcanzado la droga en el mercado ilícito, atendiendo a su venta por kilos.

El escrito recoge además otra intervención realizada en Ecuador el 11 de marzo de 2023. Durante un control en el puerto de Guayaquil fueron localizados 138,960 kilos de sustancia que dio positivo en cocaína, ocultos bajo 90 piezas de pasta de cacao. El destinatario de la mercancía era una de las empresas vinculadas a uno de los procesados.

La investigación llevó asimismo a practicar registros en los domicilios de los investigados. En una vivienda de Batres se localizaron documentación relacionada con las empresas utilizadas para las importaciones, contratos, correos electrónicos relativos a los cargamentos, dispositivos electrónicos y 55.235 euros en efectivo, entre otros efectos.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito contra la salud pública por sustancias que causan grave daño a la salud, con cantidad de notoria importancia y extrema gravedad por haberse utilizado operaciones de comercio internacional simuladas, además de un delito de pertenencia a grupo criminal.

Para los tres acusados que niegan los hechos, el Ministerio Público mantiene una petición de once años de prisión por el delito contra la salud pública, además de las correspondientes penas por pertenencia a grupo criminal, dos multas de 30 millones de euros, inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena y costas.

En el caso del acusado que ha alcanzado el acuerdo de conformidad, su reconocimiento de los hechos ha permitido reducir la petición de pena a ocho años de prisión.

La Fiscalía reclama asimismo el decomiso de las sustancias, dinero, vehículos y demás efectos vinculados a la actividad investigada.