MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Plataforma 'Eurovegas No' estima que las bonificaciones y exenciones fiscales que tienen previsto aplicar las administraciones de cara a poder albergar el macrocomplejo del Grupo Adelson puede suponer que, en caso de que el proyecto se intentara ejecutar y se abandonara por no ser rentable en la primera fase, se dejaría de recaudar de 1.765 a 3.711 millones de euros, según los datos que manejan.
En una actualización de su informe económico sobre el proyecto, la plataforma detalla que el impacto económico de medidas previstas a través de cambios normativos, tanto a nivel autonómico como estatal y local, contemplan una serie de beneficios fiscales en detrimento de la recaudación para las arcas públicas.
Así el estudio recalca que el impacto de la bonificación del IBI alcanzaría los 55 millones en diez años y que el ICIO rondaría de 216 a 252 millones mientras que la aportación de infraestructuras estaría en alrededor de 2.000 millones de euros.
Por otro lado, señala que aún no puede valorar otros beneficios fiscales que podrían aplicarse, como posibles bonificaciones en la cotización de la Seguridad Social mientras que se podría obtener recursos, solo mediante el Impuesto de Sociedades, de hasta un máximo de 3.102 millones de euros durante esos años.
"Casi un año después asistimos atónitos a lo que entonces parecía inadmisible, los gobiernos central, autonómico y local están cediendo una a una a todas estas exigencias con el objetivo de recibir Eurovegas con una alfombra roja", remarca la citada Plataforma en un comunicado.
En este sentido, apunta a la próxima Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid para 2013, que a su juicio rebaja la tributación sobre el juego del 45 por ciento anterior a no más de un 10 por ciento, junto a la bonificación del 9 por ciento en las inversiones efectuadas para la compra de material e inversiones inmobiliarias que formen parte del activo no corriente.
Además, la Plataforma 'Eurovegas No' sostiene que se podrá aplicar una bonificación anual de 9.000 euros anuales por cada trabajador que integre la plantilla independientemente sea personal fijo o temporal.
"Ahora más que nunca queda en evidencia (con la desfachatez propia de este Gobierno) que la empresa inversora es la que marca las reglas del juego y tiene poder para cambiar las leyes según su propio beneficio", concluye la citada Plataforma.