La Facultad de Políticas de la UCM pide a Goyache reclamar judicialmente a la Comunidad por la "infrafinanciación"

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha pedido al rector, Joaquín Goyache, reclamar judicialmente al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por "el daño derivado de la falta de financiación".

Así lo ha manifestado en una carta abierta a la comunidad universitaria al considerar que esta "infrafinanciación" supone "un daño económico como reputacional a la UCM", que a su vez está "obstaculizando gravemente" la prestación de un servicio público "orientado a garantizar el derecho constitucional a la educación pública y a la promoción de la ciencia en beneficio del interés general".

La misiva fue enviada el pasado 27 de febrero, días antes de suscribirse el acuerdo entre la presidenta y los rectores para la financiación plurianual de las seis universidades de la región. Sin embargo, la Facultad de Ciencias Políticas considera que "todo acuerdo que no suponga el fin de los recortes es un mal acuerdo".

Y es que la Complutense aprobó en febrero, coincidiendo con el cese del exconsejero de Educación Ciencia y Universidades Emilio Viciana por el bloqueo de la ya descartada Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC), unos recortes de más de 33 millones para hacer frente al déficit estructural.

Debido a su situación financiera, a finales del año pasado tuvo que pedir un préstamo al Ejeutivo autonómico de 34,5 millones de euros. "El nuevo plan no implicaría además la suspensión del Plan Económico y Financiero", ha lamentado la Facultad.

CRÍTICAS AL NUEVO ACUERDO

Por otro lado, ha señalado que de los 14.800 millones de euros anunciados para las universidades hasta 2031, 2.500 millones de euros --un 17%-- "han de proceder de ingresos propios de las universidades". Ha añadido que también se incluye el capítulo de precios y tasas públicas --alrededor de un 33%-- y otros conceptos menores.

"A falta de poder conocer públicamente el plan en detalle, parecen dejarlo en las cifras tristemente esperadas: la transferencia nominativa de la Comunidad de Madrid a las universidades públicas será de 1.646 millones de euros en 2031. Si hoy esta consiste en 1.166 millones, supondría estancarnos en una financiación pública del 0,4% del PIB, muy lejos del mínimo al que mandata la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), del 1% del PIB, para acercarnos a la media europea", ha criticado.

En la carta, la Facultad ha advertido de que la "ausencia" de financiación "suficiente" responde a una "voluntad política manifiesta de demolición de un servicio público educativo fundamental, construido durante décadas por varias generaciones". En el caso de la UCM, "se ceba con la universidad presencial más grande de España".

"Al decidir dejar de financiar adecuadamente a las universidades públicas madrileñas, el Gobierno regional incumple la legislación básica del Estado. De igual manera, la cuantía del daño materializado deriva del incumplimiento de la financiación estructural basal o esencial", ha argumentado.

"MERMA SU PRESTIGIO"

Cree que este "ataque" se traduce en la "vulneración" de derechos laborales de la plantilla, en "mayores obstáculos" para ejercer el derecho a una educación superior pública por parte de la sociedad madrileña, en "un acusado deterioro" de la infraestructura y los laboratorios de los edificios, y en "la merma del prestigio internacional" de la Universidad Complutense.

"Las evidencias respecto al incumplimiento de sus obligaciones legales por parte de la Comunidad de Madrid son tan abrumadoras que consideramos que no puede pasar más tiempo sin que el rector de la UCM, en representación de toda la comunidad universitaria Complutense, defienda adecuadamente nuestros derechos y los de toda la sociedad madrileña en una encrucijada histórica para nuestra querida universidad, reclamando judicialmente la financiación requerida", ha concluido la Facultad.