MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Federación de la Comunidad de Madrid de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (FAPA) Francisco Giner de los Ríos ha señalado este martes que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por la que se anula el decreto mediante el que se privatizó el colegio público Miguel Ángel Blanco, en El Álamo, demuestra que el Gobierno regional "legisla fuera de la ley".
La Federación considera que el nuevo fallo "es una prueba más de la forma de legislar que tiene el Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid en materia educativa, que prescinde una y otra vez de los trámites preceptivos que tiene que cumplir para aprobar una norma". En este caso, se obvió el dictamen preceptivo del Consejo Escolar "y ello a pesar de que ya tuvo una sentencia en contra por este mismo asunto y por el mismo motivo", apuntan.
Según la FAPA, la sentencia viene a decir que la creación, modificación o supresión de un centro educativo es una cuestión que afecta directamente a la programación general de la enseñanza, y que la participación en ello de los sectores involucrados en la educación es ineludible por las Administraciones educativas.
También apuntan que no se puede limitar la participación "como pretende la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, que el dictamen preceptivo del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid en estos supuestos es imprescindible, que la inexistencia de dicho Informe anula de pleno derecho el Decreto y que no haber cumplido con la obligación de tener el dictamen preceptivo supone una indefensión de los interesados".
La FAPA es "consciente de que el Gobierno regional ha reaccionado ante tantas sentencias recibidas en contra de sus actuaciones, en las que una y otra vez se le exigen los informes preceptivos del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, y ha modificado por la puerta de atrás las competencias de dicho Consejo Escolar en la Ley que acompaña los presupuestos de la Comunidad de Madrid para el año 2011", pero ello, a juicio de la FAPA, también es ilegal".
Por ello, la Federación está estudiando las actuaciones judiciales oportunas ante esta situación porque, entre otras cosas, "modifica las competencias del Consejo Escolar para evitar que este haga determinados dictámenes sin solicitarle el informe que es preceptivo para modificar sus competencias, tal y como exige la legislación vigente".
