Archivo - El Hospital Puerta de Hierro. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo
MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha solicitado el archivo de la denuncia presentada por el Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid sobre supuestas irregularidades en la gestión de hospitales públicos de concesión privada en la Comunidad de Madrid.
El procedimiento se abrió el pasado 5 de marzo de 2026 después de que la portavoz socialista, Mar Espinar, denunciara posibles anomalías en la facturación entre hospitales públicos y centros de gestión privada.
Según un comunicado de la Fiscalía, la denuncia se apoyaba en un informe de auditoría de 2022 sobre facturaciones correspondientes a 2018 entre el Hospital de Villalba -gestionado de forma privada- y el Servicio Madrileño de Salud (Sermas). El documento señalaba que mientras las liquidaciones enviadas desde Villalba eran aprobadas en su mayoría, más de la mitad de las remitidas por el Sermas al hospital no obtenían conformidad para su cobro.
La Fiscalía explica que el problema detectado estaría relacionado con deficiencias en la cumplimentación de las historias clínicas por parte de profesionales sanitarios, requisito necesario para validar determinados cobros según el Manual de Facturación Intercentros.
La denuncia también hacía referencia a una información periodística publicada el pasado 10 de febrero, según la cual la Comunidad de Madrid habría dejado de reclamar más de 71 millones de euros a hospitales de gestión privada desde 2017.
Sin embargo, el Ministerio Fiscal considera que no existen elementos suficientes para continuar el procedimiento. Entre los motivos para pedir el archivo, destaca que la denuncia no identifica actos concretos de gestión susceptibles de generar responsabilidad contable, ni aporta pruebas de un perjuicio real para las arcas públicas.
Asimismo, la Fiscalía sostiene que las conclusiones de la denuncia extrapolan un caso concreto --la auditoría de un hospital y un ejercicio determinado-- al conjunto del modelo de gestión hospitalaria privatizada, con el objetivo de promover una fiscalización general, algo que considera ajeno a la jurisdicción contable del Tribunal de Cuentas.