La FRAVM exige eliminar el cobro del IBI a inquilinos de viviendas de protección pública

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) ha exigido que el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) sea asumido en todos los casos por la propiedad en las viviendas de protección pública (VPP) en alquiler y ha alertado de que el nuevo reglamento autonómico permitirá el acceso a estas viviendas a familias con ingresos de hasta 84.677,42 euros anuales.

Así lo recoge la organización vecinal en el documento de alegaciones presentado al proyecto de decreto que sustituirá al Reglamento de Viviendas de Protección Pública de 2009, una revisión que considera "positiva" tras 17 años en vigor, aunque advierte de que el nuevo texto carece de la orientación necesaria para garantizar el derecho a la vivienda a quienes no pueden acceder al mercado libre.

En un comunicado, la FRAVM considera "inadmisible" que en las viviendas protegidas en régimen de alquiler se repercuta el pago del IBI a los inquilinos, por lo que propone modificar el reglamento para que este tributo sea asumido siempre por la propiedad. Asimismo, plantea que la tasa de basuras sea subvencionada o modulada en función de la renta de las familias para evitar que suponga una carga económica adicional.

En relación con los límites de acceso, la Federación propone reducir los umbrales de ingresos previstos en el proyecto, que fija topes de 5,5 y 7,5 veces el IPREM, a 4 y 6 veces, respectivamente. Según denuncia, con el planteamiento actual una familia de cuatro miembros podría ingresar hasta 84.677,42 euros anuales y seguir optando a una vivienda protegida, mientras que su propuesta ajustaría estos límites a niveles más acordes con la finalidad social del sistema.

"Permitirían el acceso, por ejemplo, a hogares de cuatro miembros donde dos adultos perciban 1.881,72 euros brutos al mes cada uno (para Vivienda de Protección Pública Básica (VPPB) o hasta 2.822,58 euros brutos al mes por cada trabajador en activo (en el caso de las Vivienda de Protección Pública de Precio Limitado (VPPL)", subraya.

LA NORMA "FAVORECE" A LAS FAMILIAS NUMEROSAS

Además, la FRAVM advierte de que el nuevo reglamento introduce un "tratamiento desigual" entre modelos de convivencia al "favorecer de forma muy marcada" a las familias numerosas ya residentes en VPP en el acceso a viviendas de mayor tamaño.

A su juicio, esta regulación deja "desprotegidas" a otras familias, como monoparentales, reconstituidas o unidades convivenciales con hijos que presentan problemas de espacio, por lo que reclama que la necesidad habitacional se mida "con criterios materiales y objetivos de habitabilidad, como la superficie útil disponible por persona en su vivienda".

En cuanto al régimen de protección, la organización considera insuficiente que la normativa contemple la protección indefinida únicamente para viviendas promovidas o titularidad de la administración regional y exige extender esta condición a todo el parque de vivienda protegida, con independencia de la naturaleza pública o privada del promotor. En este sentido, califica de "error histórico" la existencia de plazos de "caducidad", generalmente "en 15 años", al entender que favorecen la pérdida de vivienda protegida y su incorporación al mercado libre.

La entidad sostiene que el esfuerzo público invertido en estas viviendas (...) debe servir para consolidar un parque estable que garantice el derecho a la vivienda de las generaciones futuras, impidiendo que estos inmuebles terminen engrosando el mercado libre y alimentando nuevas burbujas especulativas una vez transcurrido el plazo legal de protección", explican desde la FRAVM.

Por otro lado, la Federación rechaza la sustitución del control administrativo previo por el sistema de declaraciones responsables en los procesos de adjudicación y transmisión, al considerar que esta medida "debilita las garantías esenciales del interés general". Así, defiende mantener la autorización administrativa previa para asegurar la verificación de los requisitos de acceso y de los precios máximos antes de formalizar cualquier operación.

Finalmente, la FRAVM solicita la supresión del requisito de empadronamiento prolongado por entender que actúa como una barrera excluyente para las familias con mayor necesidad habitacional, e insta a incorporar una definición de vivienda protegida vinculada a su función social y al uso como domicilio habitual, así como a establecer un plazo mínimo de ocupación de diez años para evitar su utilización como activo de inversión.