Fuenlabrada y Parla aprueban en Pleno su adhesión a la empresa Canal de Isabel II Gestión

FUENLABRADA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

Los Ayuntamientos de Fuenlabrada y Parla gobernados por el Partido Socialista han aprobado este jueves en Pleno --por unanimidad en el caso fuenlabreño y con el voto en contra de IU y UPyD en el caso de Parla-- su adhesión a la empresa pública Canal de Isabel II Gestión SA, formada en un 80 por ciento por la Comunidad de Madrid y en el 20 por ciento restante, por los ayuntamientos.

El alcalde de Fuenlabrada, Manuel Robles (PSOE), ha justificado la iniciativa por el hecho de que los consistorios puedan "seguir defendiendo" el carácter "público del agua de Madrid" y, en este sentido, ha asegurado que la moción llevada a Pleno contempla que el Ayuntamiento fuenlabreño "no enajenará" las acciones que le correspondan si, finalmente, el Ejecutivo regional decide sacar a Bolsa el 49 por ciento de las participaciones.

De esta manera, Robles ha asegurado, en declaraciones a Europa Press, que la medida de adherirse se ha producido tras apreciarse una "reflexión" por parte de la Comunidad de Madrid de constituir una empresa de gestión "cien por cien pública" y aplazar la capitalización del 49 por ciento de las acciones.

"Esperamos que siga por ese camino, pero si no fuese así y la Comunidad no reflexionase y decidiese sacar a Bolsa las acciones, aquellas que corresponden al Ayuntamiento de Fuenlabrada no serán enajenadas para poder seguir defendiendo el carácter público del agua de Madrid", ha declarado.

Así, el regidor fuenlabreño ha hecho un llamamiento al resto de Ayuntamientos madrileños para que contemplen esta posibilidad, sin intención --ha remarcado-- de intentar interferir en la "autonomía municipal".

RESPALDO AL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD

Por otro lado, Manuel Robles ha subrayado que la adhesión de Fuenlabrada "nada tiene que ver en absoluto" con posibles distanciamientos con el secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM), Tomás Gómez.

De hecho, ha recordado que, en la moción fuenlabreña, "se concreta" el apoyo explícito al medio centenar de senadores socialistas que interpusieron un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de la Comunidad de Madrid que permitiría la entrada de capital privado en el Canal de Isabel II.

"Apoyamos la intervención del PSM y esperamos que el recurso se resuelva a nuestro favor, pero, indudablemente, la autonomía municipal nos hace defender los intereses de los fuenlabreños", ha precisado a Ep.

IU VOTA EN CONTRA EN PARLA

Mientras tanto, en Parla, la adhesión del Ayuntamiento a la empresa Canal de Isabel II Gestión ha prosperado al contar con los apoyos de PSOE y PP, y la oposición de IU y UPyD. El Grupo municipal de IU ha votado en contra de la adhesión, ya que, según su portavoz, Antonio Sánchez, se trata de una "privatización".

Por su parte, el alcalde, José María Fraile (PSOE), ha destacado que es "importante" formar parte de una "sociedad cien por cien pública", desde la que --según ha alegado-- podrá "defender mejor los intereses de los ciudadanos, especialmente en algo tan importante como el agua, que ha costado tantas horas de lucha a los vecinos".

En la misma línea que Manuel Robles, el regidor parleño ha resaltado que la inclusión de Parla en la nueva empresa representa la posibilidad de "seguir peleando en defensa de esas acciones públicas".

Por su parte, la portavoz del Grupo municipal Socialista, María José López Bandera, ha explicado durante la sesión plenaria que su formación ha dado un "sí forzoso" a la iniciativa "debido a razones de causa mayor" relacionadas con la "defensa de los intereses de los ciudadanos".

En este sentido, la edil ha subrayado que estos intereses se "fundamentan en la garantía del mantenimiento del control público sobre la mayoría de la empresa", así como en "la prestación de los servicios integrales del agua y la participación accionarial de los ayuntamientos según su población".

"Este convenio es la única forma de poder utilizar eficazmente los recursos para asegurar la calidad del agua a los ciudadanos", ha precisado López Bandera, tras recordar que "el convenio no es irreversible jurídicamente" y que "tiene una duración limitada".