MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -
Los gestores de la clínica autorizada para la interrupción del embarazo El Bosque, en Madrid, tendrán que comparecer ante el juez el próximo 29 de abril, siendo así los primeros en declarar en el marco de las diligencias abiertas para investigar la denuncia presentada por la Plataforma la Vida Importa por presuntos delitos económicos, incumplimiento de la normativa de residuos biosanitarios o vulneración derecho a la intimidad de las mujeres, entre otros.
En concreto, el Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid ha librado una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que da cuenta a la representación legal de la clínica El Bosque de que se tomará declaración el día 29 de abril.
En la denuncia, en la que se ha presentado como acusación particular la Asociación de Abogados Cristianos, la Plataforma la Vida Importa acusa al establecimiento de un delito fiscal por cuantía de hasta cinco millones de euros.
No obstante, son siete las clínicas investigadas después de que la denuncia de esta organización fuese admitida a trámite el pasado mes de enero: Dator-Partner Line (Madrid), la Clínica Ginecológica Callao (Madrid), Centro Médico Pacífico SL (Madrid), la Clínica AMEC de Zaragoza, Clínica Ansoain (Pamplona) y Centro Médico Aragón (Gerona), además del citado Centro Médico El Bosque.
En el caso de los centros Dator y Callao, la denuncia incluye además de la acusación por un presunto delito fiscal, otra por un "delito continuado de estafa a la Seguridad Social, a quien presuntamente facturaban servicios por importe muy superior al prestado y que podría ascender a más de dos millones de euros", según explica la organización.
La misma entidad ha presentado en paralelo denuncias por presuntas infracciones administrativas de las mismas clínicas ante la Agencia Española de Protección de Datos, por "deshacerse indebidamente de información sensible de las mujeres a las que han atendido" y ante la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por "poner en peligro la salud pública arrojando a la basura ordinaria todo tipo de residuos biosanitarios peligrosos".
