El Gobierno de Ayuso defiende que el borrador de ley de universidades "garantiza la autonomía y la libertad de cátedra"

Argumenta que el régimen sancionador incluido "no contraviene ninguna normativa estatal"

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha defendido que el nuevo borrador de la ley regional de universidades "no solo no atenta contra la autonomía universitaria y la libertad de cátedra, sino que viene a garantizarlas".

Así lo ha expresado este miércoles el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, después de la publicación en los medios de un nuevo borrador de la nueva normativa universitaria, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se incluyen sanciones de hasta 100.000 euros por la realización de "manifestaciones no autorizadas que impidan el libre y pacífico ejercicio de las manifestaciones que sí han sido debidamente autorizadas o comunicadas dentro del campus", entre otras cuestiones.

La presidenta del Gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso, ha respaldado la declaración de su consejero con un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter), en el que ha mencionado que "esta es la verdad del borrador del proyecto de Ley de Universidades".

"Este régimen sancionador da herramientas a las universidades para poder hacer efectiva esta autonomía y poder garantizar los derechos fundamentales, porque la autonomía universitaria consiste también en que la universidad esté amparada legalmente", han remarcado desde Educación.

Además, Viciana ha explicado que el régimen sancionador incluido "no contraviene ninguna normativa estatal", sino que sigue la línea de la Ley nacional de convivencia universitaria aprobada por el Gobierno central en 2022. "La ley de la Comunidad de Madrid protege la libertad de expresión, reunión, asociación, participación y de cátedra. Se protege el ejercicio de los derechos fundamentales en los campus universitarios", ha agregado.

Respecto a los casos más graves, estos se aplicarán, según ha detallado el consejero, para los centros superiores que empiecen su actividad sin estar autorizados, cuando se difunda publicidad engañosa o cuando se cubran plazas públicas sin cumplir los requisitos. "También, por supuesto, se sancionan la censura, discriminación por raza, sexo, religión o cualquier otra vulneración de derechos fundamentales", ha detallado.