Hidalgo dice que la Comunidad cumple lo que dice la Fiscalía con los menores extranjeros no acompañados

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Familia y Asuntos Sociales, Engracia Hidalgo, afirmó hoy que la Comunidad de Madrid cumple con lo que dice el Ministerio Fiscal en cuanto al tratamiento de los menores extranjeros no acompañados que llegan a la región.

Durante el pleno de la Asamblea de Madrid preguntada por el tratamiento que se da a los menores extranjeros no acompañados, Hidalgo afirmó que la Comunidad "actúa de acuerdo al Ministerio Fiscal" y que cuando los menores llegan a la Comunidad de Madrid, la Consejería ofrece su protección y tutela".

El problema es la aparición de un "nuevo fenómeno" como es la llegada de mayores de edad que solicitan la protección que se dispensa a los menores", explicó Hidalgo, que apuntó que el Ministerio Fiscal en 2008 ya les advirtió de él en 2008.

"La Comunidad de Madrid viene actuando siempre de acuerdo a las instrucciones y circulares remitidas por el propio Ministerio Fiscal", afirmó Hidalgo, que pasó a explicar los pasos que se siguen cuando estas personas llegan a Madrid.

Así, indicó que cuando estas personas llegan a España la Fiscalía correspondiente establece su edad con las consiguientes pruebas médicas. En el caso de que sean mayores se dicta expulsión a su país de origen y una vez pasado el plazo que pueden estar en el centro de internamiento, son puestas en libertad.

A partir de entonces, estas personas son acogidas por ONG y en el caso de que consigan un pasaporte donde figuren como menores de edad, van a un centro de la Comunidad de Madrid, que hace pruebas médicas que dictaminen su edad.

Cuando se deduce que son mayores de edad, se pone un denuncia por falsificación de documento público y el menor deja de estar bajo la protección de la Comunidad.

"De todas las actuaciones damos cuenta puntual al Ministerio Fiscal", aseveró Hidalgo, que señaló que actúan en base "al Código Civil, a la Ley Orgánica de Extranjería las instrucciones de la Fiscalía del año 2006, a la consulta de la Fiscalía General del Estado 2009 y a la instrucción de 20 de marzo de 2006 de la Dirección General de Registro y del Notariado".

No obstante, indicó que "el problema que subyace a este nuevo fenómeno es que el Gobierno de la Nación es incapaz de controlar las fronteras y de cumplir lo que dice la ley en relación a los extranjeros en situación irregular". "En lugar de poner en marca los mecanismos necesarios lo que hace es trasladar el problema a las comunidades autónomas", apostilló.