El ICAM alerta de que la Justicia digital sigue lastrada por fallos que comprometen el derecho de defensa

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha advertido de que la transformación digital de la Administración de Justicia sigue presentando importantes deficiencias que dificultan el trabajo de los profesionales y pueden comprometer el derecho de defensa, según concluye el primer estudio elaborado por la institución sobre el impacto de la Justicia digital.

La encuesta, realizada entre 1.373 colegiados, revela que el 46,9% se muestra insatisfecho con el funcionamiento actual de la Justicia digital y que más de la mitad considera que apenas agiliza los procedimientos o incluso los ralentiza. Además, el 59,4% afirma tener frecuentes problemas para acceder al expediente judicial electrónico, principalmente por documentos incompletos o mal incorporados.

El estudio también pone de manifiesto la preocupación de la abogacía por la falta de mecanismos eficaces para resolver incidencias tecnológicas, la seguridad de las plataformas y el uso de la inteligencia artificial en la Justicia.

En este contexto, el 95,4% de los encuestados reclama una mayor participación de la profesión en el diseño e implantación de las herramientas digitales para garantizar que la modernización no merme las garantías procesales.

La percepción sobre sus efectos en la duración de los procedimientos es aún más negativa: el 29,8% considera que la Justicia digital apenas está contribuyendo a agilizarlos y otro 26% afirma que directamente los está dificultando. Solo el 7,5% aprecia una mejora clara.

"La abogacía madrileña no rechaza la transformación digital. Lo que rechaza es una digitalización concebida e implantada sin escuchar suficientemente a quienes utilizan diariamente los sistemas y tienen encomendada la defensa de los ciudadanos. La tecnología solo es un avance cuando mejora el servicio público y refuerza las garantías", ha afirmado el decano del ICAM, Eugenio Ribón.

PROBLEMAS FRECUENTES PARA ACCEDER AL EXPEDIENTE

El Expediente Judicial Electrónico concentra algunas de las principales críticas de los profesionales. Aunque el 50,6% considera que constituye un avance, solo el 13,8% lo valora como un progreso claro. El 36,9% lo define como un avance acompañado de problemas importantes y un 22% sostiene que ha dificultado la instrucción de los asuntos.

Las dificultades de acceso son especialmente relevantes. El 59,4% afirma que encuentra con frecuencia o muy frecuentemente problemas para acceder al expediente de forma completa, ordenada y con la debida antelación. Otro 29,4% los experimenta algunas veces. En total, cerca de nueve de cada diez profesionales han encontrado este tipo de dificultades, al menos ocasionalmente.

El problema señalado con mayor frecuencia es la existencia de documentos incompletos o mal incorporados, mencionada por el 57,7%. Le siguen las dificultades de acceso a grabaciones o archivos audiovisuales, con un 51,5%; las diferencias de funcionamiento entre juzgados o territorios, con un 49,4%; la dificultad para localizar documentos, con un 48,9%; y la ausencia o deficiencia del índice electrónico, con un 42,8%.

"Un expediente incompleto, una grabación inaccesible o un documento que no puede localizarse no son simples incidencias informáticas. Pueden impedir que un abogado conozca a tiempo toda la información necesaria para preparar una defensa. Detrás de cada fallo tecnológico puede haber un ciudadano cuyas garantías procesales se vean comprometidas", ha subrayado el diputado responsable de Defensa de la Abogacía del ICAM, Javier Mata.

EL ACCESO COMPLETO AL EXPEDIENTE, PRIMERA PRIORIDAD

Preguntados por las mejoras que deberían abordarse con mayor urgencia, los profesionales sitúan en primer lugar el acceso completo al expediente, elegido por el 73,3%.

A continuación aparecen la interoperabilidad entre plataformas y territorios, con un 49,4%; la correcta ordenación e indexación del expediente, con un 45,6%; y la atención y soporte ante incidencias, con un 41,9%.

También se reclaman mejoras en la estabilidad técnica de los sistemas, la seguridad y confidencialidad, la formación de la abogacía, la participación profesional en el diseño de las herramientas digitales, la regulación de la inteligencia artificial y la claridad de las normas de uso.

Para el decano del ICAM, "estos resultados demuestran que la modernización no puede limitarse a trasladar los procedimientos del papel a una plataforma".

"Para garantizar el derecho de defensa de ciudadanos y empresas, el expediente debe ser íntegro, comprensible, actualizado, accesible desde el momento de la personación y ofrecer a la defensa las mismas posibilidades de consulta que tienen los demás operadores jurídicos", señala.

Por su parte, el Diputado Juan Manuel Mayllo, responsable del Turno de Oficio, ha puesto el acento en el impacto en la Justicia Gratuita. "Estas dificultades resultan especialmente graves en el Turno de Oficio, donde los profesionales trabajan con plazos muy ajustados, intervienen con frecuencia en situaciones urgentes y atienden a personas en condiciones de especial vulnerabilidad", ha planteado.

Además, ha enfatizado que si el expediente está incompleto, la grabación no es accesible o la plataforma falla, no solo se perjudica al abogado, sino que se compromete la defensa de quien depende del sistema público para hacer valer sus derechos. "Por eso exigimos que la digitalización garantice el acceso inmediato y completo a las actuaciones y que ninguna incidencia tecnológica pueda traducirse en indefensión", ha apostillado.

EL TURNO DE OFICIO, EL MÁS EXPUESTO A LAS CARENCIAS DEL SISTEMA

Quienes ejercen en el Turno de Oficio --el 18,1% de la muestra-- encabezan de forma sistemática los indicadores de fricción con la Justicia digital.

El 68,5% encuentra con frecuencia o muy frecuentemente problemas para acceder al expediente de forma completa y ordenada, frente al 64,8% de los despachos pequeños y medianos y el 55,7% de la abogacía in-house.

Es también el ámbito con menor confianza en la seguridad de las plataformas --el 47,5% confía poco o nada en que garanticen la confidencialidad y el secreto profesional, frente al 42% de los despachos pequeños y medianos y el 41% de la abogacía inhouse-- y el que sufre con mayor frecuencia fallos tecnológicos que afectan al ejercicio de la defensa: un 16% los padece con frecuencia o muy frecuentemente, por encima del 12,4% del conjunto de la muestra.