MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Rodríguez, ha señalado este miércoles que las interrupciones voluntarias del embarazo en la región han pasado de 2.000 en el año 2002 a casi 12.000 en 2013, un 10 por ciento de las registradas a nivel nacional.
Rodríguez ha ofrecido estos datos durante el Pleno de la Asamblea de Madrid, donde la diputada de IU María Espinosa le ha pedido una valoración sobre las condiciones en las que se presta en la sanidad pública madrileña la interrupción voluntaria del embarazo.
La diputada de IU ha afirmado que la única manera de garantizar que ni el dinero ni las posibilidades individuales definan que las mujeres reciban la mejor de las atenciones es que la interrupción voluntaria de embarazo se lleve a cabo en la red sanitaria pública y ha preguntado si el protocolo de derivación y la objeción de conciencia garantizan la debida atención a las mujeres.
Según Espinosa, los derechos sexuales y reproductivos son derechos reconocidos en los tratados internacionales suscritos por España, que reconocen la interrupción voluntaria del embarazo como un elemento esencial, y el aborto está considerado y regulado como un derecho a nivel europeo, a excepción de Irlanda, Malta o Polonia, por lo que los planes del Gobierno de la nación dejarían a España "a la cola de Europa".
Asimismo, Espinosa ha advertido de los riesgos de los abortos clandestinos, que provocan la muerte de 80.000 mujeres al año, según datos de la Organización Mundial de la Salud, ha indicado. Además, ha recordado la muerte en Irlanda de una mujer a la que se le negó el aborto, Savita Halappanavar.
"Su gobierno pretende modificar la ley del aborto para controlar nuestros cuerpos y prohibir nuestro derecho a decidir cuándo y cómo ser madres, nos quieren en casa y asustadas y nos tendrán en las calles y combativas", ha dicho la diputada de IU.
Por su parte, el consejero de Sanidad ha asegurado que el Gobierno regional ha puesto todos los medios necesarios para respetar los derechos y obligaciones establecidos en la ley, velando y garantizando el cumplimiento de la misma.
"La Comunidad de Madrid garantiza el cumplimiento de la legislación en todos los centros sanitarios públicos o acreditados donde se realizan interrupciones voluntarias del embarazo", ha aseverado.
Igualmente, ha aclarado que "no existe un derecho al aborto ni en España ni en la normativa europea internacional de carácter vinculante ni con eficacia jurídica".