IU y la FRAVM defienden la elección directa de los concejales de distrito por los vecinos

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU de la capital y candidato a la Alcaldía, Ángel Pérez, y el presidente de la Federación Regional de Vecinos de Madrid (FRAVM), Nacho Murgui, han defendido este miércoles que el edil del distrito sea elegido directamente por sus vecinos para representar así la opción mayoritaria en ellos.

Se han desmarcado así de la propuesta del socialista Jaime Lissavetzky, que se ha mostrado firme partidario de que gobierne en las juntas el partido que haya obtenido un mayor número de votos en las elecciones municipales, como sucede en París. Por su parte, Ángel Pérez ha explicado que no le gusta esa propuesta porque entonces todos los distritos estarían presididos por el PP con solo alcanzar una mayoría relativa.

"Eso niega la posibilidad de alianza a la izquierda", ha defendido Pérez después de reconocer que ese acuerdo con el PSOE sí podría ser posible a nivel municipal aunque no más allá debido a sus confesadas "reticencias" con las políticas del Partido Socialista en el plano nacional. "Ya saben que omito lo de Obrero con intención", ha matizado.

Ha sostenido además que de producirse esa esperada elección directa y fueran los concejales los que eligieran presidentes de las juntas "daría lugar al juego democrático de las alianzas y que forma parte de la Democracia". Sin embargo, la propuesta de Lissavetzky convertiría a las Juntas en "algo ingobernable" al poder darse el caso de presidentes en minoría.

Asimismo ha defendido más competencias y recursos para los distritos y que el 50 por ciento del presupuesto destinado a las juntas sea gestionado por ellas mismas. De la misma opinión se ha mostrado el presidente de la FRAVM, que ha avanzado que firmará un acuerdo con IU sobre propuestas para la ciudad.

DOCUMENTO DE LA FRAVM

Ese documento --que será presentado también a PP y PSOE-- recoge las propuestas de la FRAVM para las distintas áreas de gobierno. Ángel Pérez ha adelantado que lo firmará al creer firmemente en su contenido y ha asegurado que muchas de esas iniciativas serán "copiadas" en el programa electoral de IU.

"No nos parece bien decir sí a todo si no se está de acuerdo con la política fiscal" que propone el documento, ha subrayado Ángel Pérez después de alabar que precisamente el texto de la FRAVM comience con ese apartado, con "otra forma de ingresos y gastos". En este punto, ambos han reclamado el prometido Pacto Local que ponga fin a las competencias impropias y que hace que algunas comunidades se conviertan en verdaderos "tapones financieros".

Murgui, por su parte, ha defendido en materia de urbanismo una apuesta por la rehabilitación en la ciudad consolidada y un rechazo de plano a la operación Chamartín, que se aprobará en el Pleno del viernes, presumiblemente con los votos favorables de PP y PSOE. Lo que defiende la federación vecinal es que las plusvalías generadas por la operación retornen al territorio y que se aprovechen para dotar de equipamientos a los barrios colindantes.

En este sentido, Pérez ha criticado que el BBVA y una constructora privada "se lleven más de 3.000 millones de euros en plusvalías en un suelo público" y todo por la incapacidad de las administraciones--estatal, autonómica y local-- para llegar a un acuerdo desde 1994 mientras que la gestión y los beneficios recaen en el ámbito privado.

El líder municipal de la coalición de izquierdas también ha defendido un aumento del IBI para los pisos vacíos y la necesidad de un nuevo Plan General que ponga fin al actual, con más de 250 modificaciones y redactado en pleno boom inmobiliario. Ha señalado que lo que la ciudad necesita es un PGOU que defienda "los intereses de la gente y no los especulativos".

Asimismo, Pérez y Murgui han señalado que el empleo sí debe ser una competencia local y han pedido un reforzamiento de los servicios públicos. Por último, el portavoz de IU considera que la FRAVM debería formar parte del Consejo Económico y Social de Madrid y que las asociaciones vecinales pudieran ser dotadas de los suficientes medios materiales y humanos para cumplir sus fines como entidades de utilidad pública y social, como recoge la ley.