MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -
Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Madrid ha pedido "prudencia" al Gobierno municipal a la hora de aprobar planes especiales como los del "elitista" Club de Campo y con los que "sólo buscan amparar irregularidades".
Así lo ha expuesto el portavoz de IU en el Consistorio, Ángel Pérez, en la comisión ordinaria de Urbanismo después de que los votos en solitario del PP hayan sacado adelante la aprobación definitiva del estudio de detalle para un área de planeamiento promovido por Club de Campo-Villa de Madrid relativo al chalet del club de tenis sobre el que pesaba una denuncia.
Dicha empresa, como ha recordado IU, "acumula cinco infracciones urbanísticas" después de recibir más de 7 millones de euros de las arcas públicas desde 2004 para mejoras que, como denuncia la coalición de izquierdas, "se han saldado con sistemáticos incumplimientos de la normativa municipal".
El también candidato a la Alcaldía por IU ha sostenido que "no parece muy coherente pedir disciplina urbanística cuando una empresa tutelada y participada al 51 por ciento por el propio Consistorio presenta este balance". El resto de la empresa se reparte entre la Real Sociedad Hípica Club de Campo y Patrimonio.
"Hablamos de un dinero de todos que va a parar a un club de elite que cobra a los abonados en torno a mil euros al año entre la cuota de inscripción y el abono anual para utilizar las instalaciones", ha detallado Pérez.
De los cinco expedientes, dos se refieren a nuevos edificios y otro a la carpa instalada para las celebraciones cuyo alquiler puede ascender a 4.500 euros. Al hilo de estas infracciones, la Fiscalía de Madrid remitió el pasado 27 de abril las diligencias de investigación al juzgado en la que consta la denuncia contra el gerente del Club de Campo por un delito contra la ordenación del territorio. Es por eso que el líder municipal de IU ha considerado que "Juan Palomo a su lado sería un dinamizador social".
Por su parte, la coordinadora general de Urbanismo, Beatriz Lobón, ha negado la existencia de trato de favor argumentando precisamente la existencia de los expedientes disciplinarios para, a renglón seguido, asegurar que el Plan Especial cumple la normativa.