MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) está gestionando el desahucio de una vivienda de su propiedad, situada en el barrio madrileño de La Ventilla, porque sus residentes ilegales utilizan el trastero para traficar con droga.
Así lo anunció hoy el director gerente del Ivima, José Antonio Martínez Páramo, en la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio celebrada hoy en la Asamblea de Madrid, respondiendo así a una respuesta formulada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Según explicó, el piso en cuestión, situado en la segunda planta A del número 44 de la calle Padre Rubio, fue alquilado por el Ivima a una mujer en 2003. El primer problema fue el adeudo de una mensualidad pero, ante la amenaza de desahucio, hizo frente a ese pagos, estando al corriente de los mismos hasta 2007, momento en el que el Instituto recibió una queja vecinal por mala convivencia.
Por ello, técnicos regionales realizaron una inspección social, en la que comprobaron que la inquilina había realquilado el trastero del inmueble, que supuestamente se utilizaba para el trafico de drogas.
Martínez Paramo indicó que entonces se dio cuenta a la comisaría de Policía Nacional de Tetúan, que pidió al Ivima que se inhibiera de tramitar el desalojo para no interferir la actuación policial. No obstante, a instancias de un email enviado por el Grupo Parlamentario Socialista sobre la misma cuestión, el año pasado el Instituto volvió a avisar a la Policía, que le comunicó que podía proceder al desahucio.
Así, según el director gerente, se empezó por la no renovación del contrato, aunque la inquilina seguía al corriente de los pagos. Sin embargo, la arrendataria falleció el 17 de septiembre de 2009, por lo que los técnicos municipales procedieron a la resolución del contrato de alquiler. Los hijos no presentaron subrogación --aunque continúan viviendo en el piso--, por lo que quedó extinto. Ahora, el Ivima está pendiente de la orden judicial para hacer efectivo el desahucio.
BRONCAS Y AMENAZAS
Durante su intervención, la diputada socialista María Antonia García Fernández criticó la "tardanza" en iniciar el desahucio y apuntó que durante este tiempo los vecinos de esta vivienda han estado "solos y desamparados por el Ivima". "Llevan siete años soportando broncas y amenazas de los inquilinos del segundo A. Parece que se protege más al inquilino que actúa en impunidad que a los que hacen pagos de cuotas y mantienen en buen estado el edificio porque desean vivir en paz", agregó
La parlamentaria explicó que informes precedentes ya habían detectado la situación de "conflictividad y morosidad" que se vive en esa comunidad. En este sentido, señaló que la arrendataria adeudaba más de 3.000 euros y que ha sido el Instituto de la Vivienda el que ha tenido que hacer frente a estas cantidades.
En la réplica, Martínez Páramo manifestó que no se puede rescindir el contrato por conflicto vecinal, aunque sí por morosidad. Eso sí, el Ivima se hace cargo de los abonos no efectuados por los morosos "para no fastidiar a la tesoría" de la comunidad de vecinos afectada. Pese a estos casos, indicó que realizan un seguimiento "bastante acertado" de esta problemática y la morosidad del Ivima se sitúa entre el 6 y el 7 por ciento, "frente a Andalucía, donde está en un 50 por ciento".
