El juez pide a un perito que informe sobre el nivel de limitación de la luz que aplicó la eléctrica en la Cañada

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El juez Juan José Escalonilla ha solicitado al perito judicial que designó para elaborar un contrainforme sobre el corte del suministro eléctrico en la Cañada Real que amplíe el documento para concretar el nivel de limitación que aplicó sobre la luz la compañía suministradora UFD, distribuidora del grupo Naturgy, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

El experto estaba citado a comparecer esta mañana para ratificar un informe que concluye que la compañía instaló dos limitadores de potencia. Ahora, el juez ha solicitado al perito que amplíe el trabajo y concrete el nivel de limitación que se fijó.

El pasado agosto, el juez designó a un perito para la realización de un contrainforme que contrastara con la versión aportada por la compañía eléctrica suministradora.

La reapertura del caso se produjo tras estimar la Audiencia de Madrid un recurso de apelación interpuesto por la Asociación Cultural Tabadol de la Cañada Real y Houda Akrikez contra el auto de 13 de enero de 2021 en el que se acordaba el sobreseimiento provisional de actuaciones.

Desde la compañía eléctrica siempre han negado ser responsables de los cortes de luz y han defendido que el suministro eléctrico se interrumpe al superarse la potencia máxima de la red --que cuenta con reconectadores automáticos en los sectores V y VI-- por un consumo sobredimiensionado. Asimismo, recuerdan que no tienen "ni un cliente legal" en estas zonas.

El proceso penal enfrenta a más de 4.000 afectados por la falta de luz contra Naturgy y la Comunidad de Madrid. El Gobierno regional vincula los cortes a los cultivos de marihuana. Ya han pasado más de 500 días desde que se produjeran los primeros cortes --octubre de 2020--, sufriendo sus habitantes bajas temperaturas, especialmente cuando durante la borrasca 'Filomena'.

La insostenible situación que viven los vecinos llevó recientemente a la Plataforma Cívica por la Luz en la Cañada Real, constituida por 50 organizaciones civiles y cinco organizaciones internacionales, a presentar ante el Comité Europeo de Derechos Sociales la primera denuncia contra España por violación "sistemática" de los derechos humanos.

CONTRATOS

Los vecinos afectados siguen reivindicando el restablecimiento del suministro y la celebración de contratos para pagar su consumo. En una manifestación celebrada el pasado 24 de abril, vecinos caminaron por la antigua vía pecuaria de la Cañada bajo el lema: 'Luz Ya, Contratos para los Vecinos y Mesa de Seguimiento'.

Los vecinos sostienen que los realojos que sean necesarios en un proceso de regularización deberán ser negociados durante los próximos años exigiendo el respeto a la ley y los derechos de los vecinos.

"Pero dichos realojos no pueden utilizarse para ocultar que los especuladores y sus políticos cortan la luz a miles de personas durante más de año y medio a quince kilómetros del centro de Madrid para expulsarles de sus viviendas", afirman.

INFORME INDEPENDIENTE

El informe del perito, al que tuvo acceso Europa Press, concluye que los potenciadores se colocaron "por el gran incremento de la demanda que hubo en unos pocos meses (de agosto a octubre de 2020), lo que ponía en riesgo "la línea con cortes en la subestación".

Según expone, los sectores V y VI de La Cañada Real Galiana son alimentados por dos ramales de "una línea de media tensión, la RVS703 (propiedad de UFD Distribución Electricidad S.A.) de 15 kV".

"Esta línea cuenta con una protección por sobreintensidad en la cabecera, es decir, en la subestación. Desde finales del año 2020 se han colocado unos reconectadores que hacen de protecciones, justo a la entrada de los sectores", señala.

"Los reconectadores se sitúan en los ramales de entrada a los sectores V y VI. En la práctica hacen de limitadores de potencia en el consumo que haya aguas abajo", señala.

Explica el perito que "estos reconectadores pueden teleoperarse (manipular a distancia) y se encuentran tarados para saltar automáticamente cuando detectan una sobrecarga". Por tanto, apunta, "impone un límite máximo de potencia aguas abajo de los mismos".

"A raíz de esta instalación se producen cortes del suministro en ambos sectores. En el sector 5 se han conseguido solventar limitando a la población el consumo pero en el sector 6 es casi continuo desde entonces", agrega el informe.

Recalca que "el límite que se ha puesto a estos reconectadores ha implicado que el consumo de la línea descienda drásticamente situándose en un tercio del que había en el 2018, dos años antes del incremento de demanda del año 2020", añadiendo que también sería debido a que se ha anulado el consumo de iluminación de un tramo de M-50.

QUIÉN ORDENÓ SU COLOCACIÓN

La acusación particular ha solicitado al juez que pida más información a Naturgy para que indique quién ordenó poner esos limitadores, ya que entienden que la Comunidad de Madrid estaba al tanto y es un asunto que debe ser investigado".

El Pacto Regional por la Cañada Real Galiana firmado en 2017, fruto del acuerdo de todas las fuerzas políticas presentes en la Asamblea de Madrid, marca una hoja de ruta para la solución de este enclave chabolista --con medidas como realojos o renaturalizaciones-- y en él están presentes tanto la Delegación del Gobierno como la Comunidad y los ayuntamientos afectados --Madrid, Coslada y Rivas--.

En las sucesivas manifestaciones que se celebran para reclamar que se restablezca el suministro en los sectores afectados se denuncia que las partes no cumplen el citado pacto regional.

La delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, propuso en octubre, en una reunión mantenida con la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, realojar a todas las familias de la Cañada en un plazo de tres años, con un presupuesto de 200 millones de euros entre todas las administraciones.

Además, el secretario de Estado de Agenda 2030, Enrique Santiago, se comprometió a destinar 5 millones de euros a paliar la situación en la Cañada Real, con lo que demostraba, según manifestó, "la voluntad política" del Gobierno para dar una solución a esta situación.

Fue el pasado 28 de septiembre cuando se constituyó un grupo de trabajo interministerial impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para dar soluciones integrales a la población de la Cañada Real. El equipo, compuesto por los ministerios de Derechos Sociales, Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y el Alto Comisionado para la Pobreza Infantil, está coordinado por la Delegación del Gobierno en Madrid.