Rato cuenta ya con el acuerdo de IU, COMFIA y los independientes para encabezar una lista única
MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -
La titular del Juzgado de Primera Instancia número 60 de Madrid, Inmaculada Vacas, celebrará mañana una vista pública para que las partes implicadas en el conflicto judicial en que está inmerso Caja Madrid puedan expresarse, y que determinará si se procede al levantamiento de la suspensión cautelar del proceso electoral.
En el marco del recurso planteado por el Ayuntamiento de Madrid y la adhesión al mismo de Comisiones Obreras de Madrid, la jueza escuchará a las partes y se pronunciará posteriormente en un plazo aproximado de cinco días, mientras se aceleran las negociaciones entorno al candidato popular a presidir la entidad, Rodrigo Rato.
Hasta mañana mismo e incluso posteriormente, las partes esperan tener margen para encontrar un acuerdo que desbloquee el consenso general, pero diferentes fuentes de la negociación, consultadas por Europa Press, ven importantes dificultades motivadas en que Rato y su negociador, José Manuel Fernández Norniella, cuentan ya con reeditar el acuerdo suscrito con Izquierda Unida y la federación de banca de Comisiones Obreras COMFIA que permitió a Miguel Blesa gobernar en la entidad los pasados 12 años, informaron a Europa Press fuentes de la negociación.
Sin embargo, el ex director general del Fondo Monetario Internacional no cuenta con el pacto cerrado con el resto de formaciones, es decir, Comisiones Obreras y UGT de Madrid y el Partido Socialista de Madrid.
Aunque algunos consideran desbloqueadas las aspiraciones de los sindicatos (incluyendo a dos representantes de los empresarios y a dos de las centrales sindicales, uno de CCOO y otro de UGT por entidades representativas), diferentes fuentes señalan que las del PSM no se cumplen de ninguna de las maneras puesto que chocan con la aspiración de Rato de tener la mayoría absoluta en el consejo de administración.
Por el momento, el bloque formado por CCOO, UGT y el PSM se ha movido de manera consensuada y han subrayado que no darán vía libre al proceso si no se logra un acuerdo que satisfaga a todas las partes. De hecho, el secretario general del PSM-PSOE, Tomás Gómez, mostró hoy su preocupación por las gestiones que está realizando Rato, porque ve en ellas la búsqueda de un "control orgánico" del PP de Madrid y una "añoranza política" que no van en el sentido de mantener el consenso en la entidad.
En este sentido, y a la luz de los movimientos de Rato, el responsable socialista advirtió de que "si no hay consenso no habrá presidente de Caja Madrid" y recalcó que la inseguridad jurídica en la que se encuentra la entidad financiera es de tal magnitud que "cualquiera que no esté en el consenso puede presentar recursos".
El principal arma de presión del PSOE es por tanto la posibilidad de nuevos recursos, por ejemplo, respecto al límite legal de los 12 años en los cargos de la entidad, lo que podría aplazar llegado el caso sine die la elección del nuevo presidente.
Sin embargo, y aunque existen diferentes opiniones sobre la capacidad real de movilización del PSOE y del PP del voto de los consejeros, que es secreto, en la asamblea general de la entidad, lo cierto es que si el PSOE, junto con UGT, se quedara fuera de la lista única elaborada por el PP, éste contaría con los votos de IU, COMFIA y los independientes para arrebatar uno de los consejeros que, en principio, corresponderían al PSOE. Se daría así la paradoja de que los votos de la izquierda le quitarían representación al PSOE, señalaron fuentes de la negociación.
El debate incluye además una reforma futura de la Ley de Cajas para ampliar el consejo de administración durante 2010, con el objetivo, en principio, de incluir un nuevo representante para el PP y otro para el PSOE. Sin embargo, la gran batalla está en que el equipo de Rato no está dispuesto a reconocer para el PSOE más que dos consejeros (uno de ellos ocuparía una vicepresidencia) y abrirles paso en la Comisión Ejecutiva, pero no tres que es la cifra que considera adecuada los socialistas.
UNA VISTA DIFÍCIL
La jueza se encontrará con una vista difícil, en la que cada una de las partes realiza una interpretación distinta de la legislación actual, de las normas a aplicar en un proceso iniciado bajo leyes diferentes y de la renuncia de la Casa Real de los 64 consejeros que le corresponden, verdadero punto de discordia entre las partes.
De hecho, en la vista estarán las representaciones judiciales de la entidad (después de que la comisión de control renunciara a la suya propia pese a que fue el artífice del reparto impugnado), del Ayuntamiento de Madrid y de Comisiones Obreras de Madrid como damnificados por el reparto, pero también de la Asamblea de Madrid y de la Cámara de Comercio, que defienden la actuación.
Esta vista fue solicitada por la dirección actual de Caja Madrid, que en su momento consideró "prudente" la suspensión cautelar del proceso electora decidida por dicho juzgado porque el conflicto judicial en curso origina "una grave situación de inseguridad jurídica, ya que el proceso electoral queda sujeto a los efectos de una decisión futura que deberá poner término a la discrepancia interpretativa planteada".
Para Caja Madrid, el conflicto tiene su origen en un distinto entendimiento de las normas legales aprobadas por la Asamblea de la Comunidad de Madrid. A su parecer, se trata de un "conflicto de derecho entre los sectores que tienen que designar representantes en la Asamblea General ya que, de prevalecer una u otra interpretación, el número de consejeros generales que corresponde a cada uno de los sectores variaría notablemente".
