MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Junta Municipal de Centro, presidida por José Fernández, acude a la vía judicial después de haber intentado recuperar de oficio el inmueble de la Casa del Cura, en la plaza del Dos de Mayo, algo que no fue posible "debido a la violenta oposición vecinal".
La Casa del Cura fue cedida hace más de dos años por el anterior Gobierno municipal en aplicación de las directrices recogidas en la ordenanza de Cooperación Público-Social. Las destinatarias fueron cerca de 40 entidades de Malasaña (Haciendo Barrio) con la idea de poner en marcha un proyecto común ciudadano tras presentarse a un concurso público para la gestión del edificio.
En junio de este año el actual Gobierno municipal decidió revocar el contrato "ante el incremento de solicitudes de ayudas durante la crisis sanitaria provocada por la Covid-19". Lo hacía con el fin de destinar la Casa del Cura a una nueva oficina de Servicios Sociales en el distrito Centro, un espacio "muy necesario", decía el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, semanas atrás.
Las mismas fuentes han recordado que cuando se firmó el convenio de cesión a la Asociación de Vecinos Malasaña, Universidad y Centro se estableció una cláusula que estipulaba que, en caso de necesidad para fines de interés público, la Junta Municipal de Centro recuperaría el inmueble para uso institucional.
La Junta Municipal ha recibido este viernes el recurso contencioso presentado por la red vecinal del barrio Maravillas que pide la suspensión cautelar del desalojo del edificio de la Casa del Cura.
"Recurrimos a la justicia frente a decisiones del Ayuntamiento con las que pretenden desahuciar a un barrio y un proyecto de convivencia y participación", trasladaba la red vecinal a través de Twitter después de que este miércoles se cumpliera el plazo habilitado por la Junta para que desalojaran voluntariamente el edificio municipal.
Concretamente, Centro inició el proceso formal de revocación de la cesión a finales de junio y, una vez rechazadas las alegaciones presentadas por parte de la asociación de vecinos, el 15 de julio se les informaba de que disponían de diez días hábiles para su desalojo, plazo que se cumplió el pasado 29 de julio.
Cumplido el plazo, ayer jueves, 30 de julio, y sin que la Junta tuviera constancia de la entrega de las llaves del inmueble "ni se hubiera recibido notificación del juzgado de presentación de recurso contencioso administrativo ni de las correspondientes medidas cautelares sobre el asunto", han remarcado las fuentes municipales, se solicitó a la Policía municipal que realizase la comprobación material a los efectos de verificar si se había cumplido la orden de desalojo.
CERRADURA
La Policía municipal comprobó que no había nadie en el edificio, lo que llevó a iniciar las labores de cambio de cerradura para tomar posesión del inmueble aunque el personal encargado se encontró con "una fuerte oposición vecinal que le obligó a protegerse para evitar ser agredido", han asegurado fuentes de la Junta.
La Junta, continúan, trató de recuperar el inmueble de oficio, "no ha cometido ilegalidad alguna" pero, "al no ser posible lo tendrá que hacer vía judicial".
Ha sido este viernes 31 de julio cuando los servicios jurídicos del Ayuntamiento han recibido un recurso contencioso administrativo en el que la asociación de vecinos alega que tiene el uso legítimo del bien y solicitan una medida cautelar para evitar su desalojo.
"La revocación de la cesión es firme siempre que no exista una decisión judicial que lo impida, por lo que a día de hoy la asociación de vecinos está ocupando un edificio sobre el que no tiene título alguno", han destacado desde el Consistorio.
A lo que suman que las entidades ciudadanas "no pudieron iniciar las actividades propuestas ya que el edificio no reunía las condiciones de accesibilidad y energéticas adecuadas", unido a que "las obras de subsanación de estas deficiencias han concluido recientemente".
Durante el actual mandato se han realizado las obras de adecuación del edificio mediante la instalación de un ascensor y las rampas de acceso necesarias, así como del suministro eléctrico regularizado dado que el edificio no tenia contador de luz propio y la instalación eléctrica estaba conectada de forma irregular al inmueble anexo, lo que había ocasionado un expediente de fraude por parte de Iberdrola a la Junta.
Y añaden las mismas fuentes municipales que "el mismo día que se terminaron de subsanar las deficiencias parte de las asociaciones que conforman el proyecto Haciendo Barrio, siendo ya conocedoras de la voluntad del Ayuntamiento de dedicar esas instalaciones a un centro de Servicios Sociales, entraron en el edificio de la Casa del Cura sin el consentimiento del Ayuntamiento de Madrid y cambiaron la cerradura".
A partir de ese momento, la Junta Municipal de Centro inicia el procedimiento formal para la revocación de la cesión del inmueble a la Asociación de Vecinos Malasaña, Universidad y Centro.
DEMORA EN LA LLEGADA DE LOS SERVICIOS SOCIALES
Las consecuencias que la Junta remarca ante el hecho de que la asociación vecinal no abandone el inmueble pasan por "la demora sine die de la puesta en marcha del nuevo centro de Servicios Sociales, al igual que ocurre con el centro de salud proyectado en el solar de la calle Antonio Grilo, 8, okupado por la asociación SPA Maravillas".
En cuanto a los Servicios Sociales del distrito, actualmente están ubicados en dos centros, situados en Gran Vía de San Francisco, 1 y en la calle San Joaquín, 10. Con la nueva contratación de personal de servicios sociales en el distrito y la distancia entre lugares de trabajo requerida con motivo de la situación sanitaria, el espacio de ambos centros "no es adecuado tanto para trabajadores como para la atención de las necesidades ciudadanas".
El proyecto de la Casa del Cura, de más de 600 metros cuadrados distribuidos en seis plantas, pasa por convertirlo en una oficina satélite de Servicios Sociales que permitirá distribuir a los alrededor de 50 profesionales que forman parte de este departamento de Centro.
Hasta el fin del estado de alarma los Servicios Sociales del distrito se han encargado de distribuir y gestionar más de 550.000 euros entre lotes de alimentos para familias, ayudas económicas, comidas a domicilio y tarjetas prepago en supermercados.
