Juzgan de nuevo al empresario Aristrain tras anular el Supremo una sentencia absolutoria

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Madrid juzgará el próximo jueves al empresario José María Aristraín de la Cruz por varios delitos contra la Hacienda Pública relacionados con fraude fiscal, IRPF, Impuesto sobre el Patrimonio e Impuesto de Sociedades, hechos por los que el fiscal solicita una condena de 64 años de prisión.

El Tribunal Supremo anuló en junio de 2024 por falta de motivación la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, de 11 de enero de 2022, que absolvió al empresario y ordenó repetir el juicio.

Según el escrito de acusación, el empresario habría simulado desde 2005 su residencia fiscal en Suiza mientras continuaba residiendo y dirigiendo sus principales actividades económicas desde España, concretamente desde su domicilio en Pozuelo de Alarcón (Madrid).

La Fiscalía sostiene que el objetivo era impedir que tributaran en España tanto sus rentas personales como los beneficios obtenidos a través de sociedades bajo su control.

La acusación describe una presunta red de sociedades radicadas en distintos países -entre ellos Holanda, Luxemburgo, Malta y las Islas Vírgenes Británicas- mediante las cuales, supuestamente, se desviaban dividendos millonarios y plusvalías procedentes de inversiones industriales y financieras.

Entre las operaciones investigadas figuran dividendos relacionados con compañías del grupo ArcelorMittal y la venta de participaciones empresariales que, según el Ministerio Público, no tributaron ni en España ni en otros territorios donde formalmente estaban domiciliadas las sociedades.

El fiscal también atribuye al empresario el uso de fondos societarios para sufragar gastos personales y familiares, incluyendo el mantenimiento de un chalet en Suiza, un yate denominado 'My Steel', vehículos de lujo y otros bienes de elevado valor económico. Dichos gastos habrían sido abonados a través de sociedades instrumentales y no fueron declarados en el IRPF.

La Fiscalía calcula que el perjuicio causado a la Hacienda Pública española supera los 210 millones de euros entre los ejercicios 2005 y 2009. Por estos hechos acusa al empresario de múltiples delitos contra la Hacienda Pública relacionados con el Impuesto de Sociedades, el IRPF y el Impuesto sobre el Patrimonio.

Además de las penas de prisión, el Ministerio Público reclama multas que superan ampliamente los cientos de millones de euros y la devolución de las cantidades presuntamente defraudadas, junto con intereses y responsabilidades civiles subsidiarias para varias sociedades vinculadas al empresario.