MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Junta de Gobierno de Madrid, presidida por la alcaldesa, Manuela Carmena, ha aprobado este miércoles una indemnización a la Fundación Ambasz de 1,4 millones de euros para compensar la extinción, por mutuo acuerdo, de la concesión demanial de Prado, 30, okupado actualmente por el centro social autogestionado La Ingobernable. El espacio se destinará a la biblioteca de mujeres Marisa Mediavilla, con 30.000 volúmenes, y a otras necesidades del distrito.
"En Centro faltan espacios y dotaciones para el tejido social, salas de estudio para estudiantes", ha indicado la portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre, en rueda de prensa. El Ayuntamiento trabaja en un plan de usos para el espacio en el que conjugar las necesidades del distrito. Se elaborará de forma participativa para hacer de este punto de la ciudad "un emblema cultural de la ciudad".
El Gobierno municipal ha optado por acoger en este edificio de la calle Prado la biblioteca de mujeres Marisa Mediavilla porque "los espacios culturales para dar visibilidad a la cultura de las mujeres son bastante pequeños" en la ciudad.
La alcaldesa ultimó ayer los detalles de un convenio que fija las condiciones en que el Ayuntamiento obtendrá la cesión de esta biblioteca. Lo ha hizo durante una reunión con la secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo, y la directora del Instituto de la Mujer, Silvia Buabent.
REUNIÓN SOLICITADO POR LA INGOBERNABLE
La Ingobernable registró una solicitud de reunión con el Ayuntamiento para que tuviera lugar la próxima semana, el 6 de noviembre. Desde el centro social han trasladado a Europa Press que este jueves vencen los 15 días desde que se tramitó la petición formal sin respuesta. Maestre, por su parte, ha contestado, el plan de usos se desarrollará "desde una iniciativa del Ayuntamiento en colaboración y diálogo con muchos actores sociales". "Es iniciativa del Ayuntamiento, que es quien tiene que liderar la apertura al público y a la ciudad de este espacio", ha añadido.
Preguntada por la cuantía de la indemnización teniendo en cuenta que la cesión fue gratuita, la portavoz ha señalado que ha sido cuantificada por los servicios técnicos municipales y recibido el preceptivo visto bueno tras valorar que el museo, acordado entre la Fundación Ambasz y la exalcaldesa Ana Botella, no se puso en marcha y que "puede haber pérdidas".
En cuanto a qué hacer con La Ingobernable, la edil ha contestado que ya se han tomado medidas administrativas que siguen su curso, medidas aprobadas en Junta de Gobierno, y ha reiterado que la voluntad municipal es "combinar distintos usos en un espacio muy grande" pero todo dentro de un marco regulado y regulador, como son las ordenanzas.
ORDENANZA DE COOPERACIÓN PÚBLICO-SOCIAL
La ordenanza de Cooperación Público-Social fue aprobada el pasado 30 de mayo. Regula cesiones al tejido ciudadano que antes "se hacía de forma incoherente porque no había un marco regulador". Eso es lo que llevó, por ejemplo, a Botella a entregar las llaves del espacio que ocupa el centro social Seco al hoy concejal Nacho Murgui.
Precisamente es el área que pilota Murgui la que diseñó esta nueva ordenanza, que recoge que la cesión de inmuebles sólo será puntual para los colectivos, con un máximo de 30 días. Con esta ordenanza se regula, como ya se hace en Bolonia, Nápoles, Nueva York o ciudades canadienses, desde la cogestión con entidades del barrio de instalaciones deportivas de proximidad, la cogestión de espacios integrados en espacios municipales como centros culturales para desarrollar actividades de formación sociolaboral, las iniciativas de cocreación artística, las residencias artísticas, la regeneración de espacios interbloques...
Los criterios de selección primarán la toma de decisiones abierta, el impacto positivo en la ciudadanía, reequilibrio territorial, igualdad y justicia social, que sean actividades inclusivas y preferiblemente gratuitas y que se promueva el respeto y ejercicio de los derechos humanos. Se realizará preferentemente mediante convocatorias públicas que pueden ser precedidas de procesos participativos en los que se definan qué tipo de actividades se pueden desarrollar en los espacios y que posibiliten la generación de propuestas compartidas por entidades.
Se podrán promover y participar en proyectos de cooperación público-social, junto con el Ayuntamiento de Madrid y sus organismos públicos, las entidades y colectivos ciudadanos sin ánimo de lucro inscritos en el Censo Municipal de Entidades y Colectivos Ciudadanos (asociaciones, fundaciones y colectivos).
