Maroto dice que acampada de Sol refleja una realidad "que no se puede esconder" y reclama respuesta "política" el 29N

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha defendido este lunes que la acampada de Sol está visibilizando una realidad "que no se puede esconder", la de familias y jóvenes "que no pueden acceder o conservar una vivienda digna", y ha reclamado una respuesta "política" ante las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, fecha anunciada este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"La respuesta de quienes protestan por una vivienda digna debe ser política. Más vivienda asequible, prevención de los desahucios y protección frente a la especulación", ha sostenido Maroto en declaraciones remitidas a los medios.

La socialista ha celebrado además que no haya prosperado en los tribunales la petición de desalojo urgente de la acampada de Sol, la protesta que lleva instalada en este punto de la capital desde el pasado 26 de septiembre tras el desahucio de Maricarmen de su casa de Retiro en la que había vivido los últimos 70 años --y a la que volverá una vez reciba el alta hospitalaria--. "Hoy gana el derecho de la ciudadanía a hacerse escuchar", ha afirmado.

En este sentido, ha reprochado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, que reduzcan el problema a "una cuestión de orden público" cuando la crisis de vivienda "está sacando a miles de familias a la calle".

"La Puerta del Sol está visibilizando una realidad que no se puede esconder, la de miles de familias y jóvenes que no pueden acceder o conservar una vivienda digna. Esa es la cuestión que no entiende ni Ayuso ni Almeida", ha censurado la socialista.

Sus declaraciones se producen después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) haya rechazado la medida cautelarísima solicitada por la Comunidad para ordenar el desalojo inmediato. La Sala ha acordado tramitar las medidas cautelares por la vía ordinaria, dando audiencia previamente a la Abogacía del Estado, que representa a la Delegación del Gobierno.

El Gobierno regional había solicitado la disolución de la acampada al considerar que incumple los requisitos de la normativa sobre el derecho de reunión. También había alegado afecciones al funcionamiento de la Administración autonómica, al comercio y al turismo, así como daños en el patrimonio y problemas de higiene.