Archivo - Archivo.- Una calculadora y unas llaves sobre un contrato de arrendamiento - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS - Archivo
MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Parlamentario Más Madrid en la Asamblea ha registrado en la Cámara vallecana la creación de una Comisión de Estudio sobre los retos para el acceso, la asequibilidad y la garantía del derecho a la vivienda en la región con el objetivo de realizar en el plazo de un año un análisis "exhaustivo" de la situación.
En la propuesta registrada por la portavoz del grupo, Manuela Bergerot, a la que ha tenido acceso Europa Press, se plantea como objetivo principal un análisis exhaustivo centrado en los precios de compra y alquiler, el esfuerzo económico de los hogares, el parque público y protegido, la disponibilidad de suelo, la construcción y rehabilitación, así como las diferencias entre municipios.
Según su planteamiento, el objetivo final sería el de elaborar un Dictamen de Conclusiones y Propuestas para su debate en Pleno y que debería ser tenido en consideración a la hora de impulsar la normativa regional en la materia.
Todo ello tras escuchar a expertos en vivienda y urbanismo, administraciones públicas, sector de la promoción y construcción, asociaciones de propietarios e inquilinos, entidades sociales y agentes sociales, entre otros.
En la Comisión se analizaría la evolución y características del mercado de alquiler en la Comunidad, la disponibilidad y dimensión del parque de vivienda pública y protegida, las necesidades de vivienda de los distintos colectivos y las diferencias existentes entre los municipios y áreas territoriales de la región.
Asimismo, se estudiarían las políticas públicas desarrolladas en materia de vivienda, suelo y rehabilitación, así como las medidas destinadas a incrementar la oferta de vivienda asequible.
Igualmente, se abordarían las principales causas y factores que condicionan el acceso a la vivienda en la Comunidad de Madrid, incluyendo la disponibilidad de suelo, el ritmo de construcción de nuevas viviendas, la transformación y rehabilitación del parque residencial, el mercado del alquiler y las diferentes modalidades de vivienda pública y protegida.
Todo ello en un contexto en el que el acceso a una vivienda "digna y adecuada" constituye "uno de los principales retos sociales y económicos" de la Comunidad con una "presión sobre los precios" que alcanza a toda la región y un problema "estructural" por la insuficiencia de la oferta de vivienda asequible y, particularmente, en el caso del parque público y de vivienda protegida.
Como ejemplo, la formación recuerda que en marzo el precio del alquiler en la ciudad de Madrid alcanzó los 23,2 euros por metro cuadrado, situándose como el mercado de alquiler más caro entre las capitales españolas, después de registrar un incremento interanual del 9,4%, mientras que en el conjunto de la Comunidad el incremento interanual llegó al 10,3%.
Además, remarca la necesidad de analizar el modelo de vivienda protegida desarrollado en la región y su capacidad para generar un parque estable de vivienda asequible. "La regulación vigente contempla, para determinadas modalidades de vivienda protegida, un periodo de protección de 15 años desde la calificación definitiva", ha recordado.
También apunta a la conveniencia de un análisis global de las políticas de vivienda, de sus resultados y de sus efectos sobre el acceso efectivo a una vivienda asequible, así como de analizar la relación entre las políticas de vivienda, la disponibilidad de suelo y la generación de nueva oferta residencial. En este sentido, apunta que el incremento de la construcción de viviendas, "por sí solo, no garantiza que estas resulten accesibles para los hogares que tienen mayores dificultades".
Finalmente, ve necesario abordar las diferentes formas de acceso y tenencia de la vivienda y estudiar alternativas que permitan ampliar la oferta residencial asequible y las distintas realidades territoriales, la evolución de los precios, la disponibilidad de vivienda protegida y asequible, las necesidades de los hogares y la capacidad de las Administraciones locales para responder a la demanda residencial.