Más Madrid y PSOE buscarán los votos necesarios para que la EMVS recurra por la venta de viviendas

MADRID 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid y PSOE buscarán este lunes en el Pleno de Cibeles los votos necesarios para que la EMVS presente el necesario recurso judicial a raíz de la venta de 1.860 viviendas de la empresa municipal al fondo de inversión Fidere por debajo de su precio de mercado.

Más Madrid defenderá que se presente recurso ante el Supremo por "la llamativa composición de la sala de justicia del Tribunal de Cuentas y los fundados argumentos del voto particular discrepante".

Su propuesta pasa por que la EMVS lo presente en el plazo de 30 días dando de este modo "muestra de su defensa de los intereses municipales y del interés general de la ciudadanía en lugar de optar por la protección de los intereses individuales de los cargos políticos del PP".

Los socialistas promoverán el recurso a presentar ante el Tribunal de Cuentas, que lo remitiría, junto con el expediente administrativo, al Supremo para su enjuiciamiento.

Desde el Grupo Municipal Socialista apuntan en su proposición, a la que ha tenido acceso Europa Press, que las viviendas se vendieron al fondo de inversión por 128,5 millones de euros, "cuando según los cálculos del Tribunal de Cuentas, el Ejecutivo de Ana Botella podría haber ingrsado más de 151 millones". Además apuntan que los daños y perjuicios causados a los fondos públicos pueden ser superiores a los 120 millones de euros.

El PSOE solicitará en el pleno el acuerdo para instar a la Junta de Gobierno, como junta general de accionistas de la EMVS, a que la empresa presente recurso de casación y que mantenga su personación en el juicio oral en la Audicia Provincial abierto contra el que fuera consejero delegado Fermín Oslé y el representante de Fidere, Alfonso Benavides, por los delitos de prevaricación, malversación, fraude y sustitución de cosa propia a su utilidad social.

El pasado 17 de julio el Tribunal de Cuentas revocó la sentencia en primera instancia, fechada en diciembre de 2018 y a instancia del Ministerio Fiscal a la vista del informe de fiscalización realizado por la Cámara de Cuentas de Madrid.

Entonces cifraba en 25,7 millones de euros los perjuicios ocasionados a las arcas de la EMVS y que condenaba al que fuera consejero delegado de la empresa Fermín Oslé, a la exalcaldesa Ana Botella y a su Junta de Gobierno a pagar de su bolsillo hasta 22,7 millones de euros.

El informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas, aprobado por unanimidad de su Consejo, señalaba graves irregularidades, como "la eventual presencia de delitos de prevaricación, malversación y fraude", por lo que se acordó reabrir la instrucción penal por estos hechos.

El Tribunal de Cuentas revocó la decisión ante el recurso presentado por Botella y su equipo desestimando íntegramente la demanda de reintegro por alcance registrada en su momento, con Ahora Madrid en el gobierno, por la EMVS.

La sentencia revocatoria fue dictada por una sala de tres miembros y salió con dos votos a favor y uno particular discrepante. Los dos primeros fueron firmados por dos consejeros propuestos por el PP, una de ellas Margarita Mariscal de Gante, ministra de Justicia en el Ejecutivo de José María Aznar, a la sazón esposo de la exalcaldesa Botella.

El voto en contra vino del consejero propuesto por el PSOE. Argumentó, según la proposición al pleno de Más Madrid, a la que ha tenido acceso Europa Press, que la Junta de Gobierno sí asumía funciones directas de control a la EMVS; que no se pidió tasación a una sociedad oficial sino sólo a una consultora, que contrató además con el adjudicatario y que la concurrencia estaba viciada de origen.

A eso sumó que el precio de venta se fijó en los contactos entre la intermediaria con las empresas ofertantes, privilegios al acceso a la documentación que también se constató con cuatro ofertas anteriores al anuncio público del proceso; la falta de los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, objetividad; la existencia de otras medidas para paliar las pérdidas y que la función social debe prevalecer antes incluso que el principio de viabilidad económica de la empresa.