MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -
La senadora del PSOE por Madrid y ex ministra, Matilde Fernández, ha tenido ocasión en las últimas fechas de explicar tanto a la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, como a los miembros de la Comisión Federal de Garantías Electorales, el resultado de sus investigaciones sobre las irregularidades que llevaron a la disolución de la agrupación de Móstoles en 2008.
Según ha explicado a Europa Press, el pasado jueves pudo entregar a Pajín y a un equipo de abogados los informes que ha elaborado en los últimos dos años, que detallan minuciosamente las personas que efectivamente han mantenido el compromiso con el partido y aquellas que no han aparecido pese a ser insistentemente reclamadas por todas las vías posibles (teléfono, cartas, avisos a través de conocidos, etc...).
El pasado jueves, recién llegada de su viaje a Cuba y tras conocer el borrador del dictamen emitido por la Comisión de Garantías que apuntaba a devolver el derecho de voto a todos los afiliados de esta agrupación, Pajín recibió a Matilde Fernández durante tres horas para disponer de los informes y conocer de primera mano las incidencias que se habían producido en esta agrupación que llevaron a que el secretario general del PSM, Tomás Gómez, y la Ejecutiva regional plantearan a la Federal su disolución.
Por consejo de la propia secretaria de Organización, ayer lunes la Comisión de Garantías procedió a su vez a convocar a Fernández. "Lamentablemente, no me escucharon a priori, antes de emitir su dictamen", ha señalado la senadora, que, sin embargo, ha celebrado que su trabajo durante dos años abriendo la agrupación de Móstoles cada viernes y su esfuerzo por escuchar a más de 300 personas sobre los hechos, serán tomados en cuenta. Según su trabajo, sólo 251 militantes pudieron ser recensados con todos los criterios establecidos por las normas internas.
En este sentido, Fernández mantiene que, dado que la Ley de Partidos obliga a permitir el derecho al voto individual pese a que los derechos colectivos de la agrupación están suspendidos, debería aplicarse el criterio más estricto, es decir, reafiliar solamente a las 150 personas que acudieron al llamamiento de partido para trabajar en las mesas electorales durante las elecciones europeas.
Fernández cree que, por lo que le indicaron desde Ferraz, se utilizarán sus informes para determinar a qué personas se les otorga el derecho de voto en las primarias y esta información será cruzada a su vez con los datos en poder de la Secretaría de Organización sobre los pagos de las cuotas. Se da el caso de que en esta agrupación se detectaron afiliaciones en grupos de 60 en 60 e incluso el pago de cuotas desde una misma cuenta corriente para personas de distintas familias.
Según los cálculos hechos por Fernández, unas 400 personas que aparecían en el censo de 2008 no vivían en Móstoles o habían facilitado datos falsos en sus fichas de afiliación, lo cual es "una ilegalidad", ha destacado la senadora. Si no han aparecido durante los dos años de suspensión por su agrupación puede ser por dos hechos: o no están vinculados a la organización o no han acudido a los llamamientos de manera voluntaria para no contribuir a que se reabriera la agrupación, ha añadido Fernández.
