Un matrimonio mayor y sus dos hijas desahuciados de su casa tras un aplazamiento hace una semana

ALCOBENDAS 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un matrimonio mayor de Alcobendas ha sido desahuciado de su vivienda esta mañana tras una orden judicial, bajo una gran presencia policial y después de que la semana pasada, gracias a la presión social, lograran evitar perder su vivienda a pesar de existir una orden de desahucio.

A las 9.30 horas, momento en el que se hacía efectivo el desalojo, dos furgones de Policía y más de una treintena de efectivos hacían imposible la entrada tanto de los responsables políticos como de la prensa al número 22 de la Avenida Pablo Iglesias, piso donde vivía la familia.

Más de 30 personas del colectivo Stop Desahucios se agolpaba en la entrada de la urbanización, soportando carteles y en protesta. Los portavoces de UPyD, José Caballero, y de IU, María Benito, también han estado presentes a las puertas de la vivienda.

Amalia y Joaquín, de 61 y 75 años, se quedarán ahora, provisionalmente, en un hostal que ha dispuesto el Ayuntamiento de Alcobendas para la familia para después ser reubicados en otra vivienda. Sin embargo, una de sus hijas, Eva, ha criticado la labor de los Servicios Sociales de la localidad.

"Hacen lo que siempre. Ni siquiera contestan a las cartas", ha dicho, para también criticar que les han un hostal y una casa que tienen que pagar. "Estamos como si estuviésemos en la calle", ha añadido. Además, se ha quejado de que nadie del ayuntamiento haya estado presente en el momento del desahucio.

Fuentes municipales han apuntado en declaraciones a Europa Press, que "el Ayuntamiento de Alcobendas conoce a la familia y su situación" y que "ha intentado, por las vías oficiales, parar la ejecutoria judicial promovida por el IVIMA con la presentación de ciertos documentos", algo que "al final no ha sido posible". No obstante, han puntualizado que "ante el desahucio, el Ayuntamiento tiene en marcha un protocolo de atención a la familia" y que "ha asumido, fuera de sus competencias, una serie de actuaciones de las que ha informado puntualmente a la familia".

En cuanto a las críticas por no haberse personado en la casa ninguna persona de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alcobendas, esas fuentes han señalado que "el personal municipal de bienestar social trabaja en este y en otros casos de emergencia social sin que este Ayuntamiento haya hecho de ello ningún tipo de comunicación oficial por respeto siempre a la intimidad de las personas que son atendidas". "Ningún trabajador municipal puede asumir personarse para dificultar la acción judicial y además todo está previamente hablado con la familia", han puntualizado.

La familia llegó a esta delicada situación tras dejar de pagar el alquiler de la vivienda en 2005 por una subida de 60 a 300 euros a la que no podían hacerle frente, según ellos mismos han explicado. Joaquín sólo cobra una pensión no contributiva y su mujer una ayuda por desempleo. Después de reclamar, el IVIMA les explicó que para reducir el alquiler deben acreditar su difícil situación económica algo que tampoco pudieron costear.

Tras meses de impago, la familia asegura que llegó a un acuerdo con la institución para poder pagar lo que debían y hacen efectivo un depósito, aunque la situación continúa sin arreglarse. A finales del 2009, el IVIMA tiene una demanda judicial para llevar a cabo el desahucio. Según el matrimonio nunca fueron citados para ese juicio ni les hicieron llegar la sentencia y se sienten estafados. "Es una injusticia, nos han engañado", sentenciaba Joaquín.