El Observatorio Madrileño de Salud ha elaborado un informe sobre los diez años del proceso de privatización de la gestión de varios hospitales en la Comunidad de Madrid denunciando que existen menos camas que antes en la región, que el nuevo modelo es más caro que el tradicional, los sobrecostes de los nuevos hospitales y el deterioro de los antiguos.
Primeramente, el observatorio ha destacado que el proceso de apertura de 10 nuevos hospitales durante el primer gobierno de Esperanza Aguirre y el traslado de otro, "contra toda lógica y de una manera aparentemente sorprendente", en referencia al Puerta de Hierro, ha supuesto una reducción en el número de camas de la región (300 camas menos) pasando de 3,50 camas por 1000 habitantes a 3,33 camas/1.000 habitantes en 2016 (promedio de la UE 5 camas/1000 habitantes). Este hecho se debe al cierre en paralelo de camas en los hospitales preexistentes, han explicado el Observatorio.
Además, critica que la Comunidad de Madrid no ha realizado una evaluación de estos centros, además de la "ausencia de transparencia es la norma, existiendo poca información pública confiable. Es necesario reivindicar una total transparencia y publicidad sobre todos los datos de funcionamiento de estos hospitales".
Por otro lado, el Observatorio Madrileño de Salud ha destacado los "sobrecostes" de los tres modelos privatizadores utilizados en la Comunidad de Madrid. Así, el modelo PFI, al que se acoge la mayoría, (la empresa concesionaria se encarga de todo menos de la parte sanitaria) incrementa el coste entre 7 y 8 veces sobre la alternativa de construcción y gestión pública.
Asimismo, el modelo de concesiones administrativas supone un sobrecoste del 14,95 por ciento anual y la concesión de la asistencia a un hospital privado ha presentado un incremento presupuestario del 25,04% anual.
El informe, al que ha tenido acceso Europa Press, también asegura que existen numerosos casos detectados de aportaciones extrapresupuestarias de financiación pública hacia estos centros, "pero no se ha hecho un análisis sistemático de la situación". Por ello, han exigido que se haga una auditoria por parte de la inspección sanitaria y el Tribunal de Cuentas para conocer detalladamente la realidad.
En quinto lugar, aseguran que no hay un control público sobre el funcionamiento de estos centros y el cumplimiento de los contratos que mantienen con el sector público "también se desconoce y se sospecha que no la habido, si se han aplicado sanciones por los numerosos incumplimientos conocidos".
Además, apuntan a que el número de camas/1.000 habitantes y de trabajadores por cama es "significativamente inferior" en estos centros respecto a los hospitales de gestión tradicional, "lo que dificulta su capacidad para garantizar la atención sanitaria de calidad y evidencia que se hacen recortes para mejorar la rentabilidad empresarial sin tener en cuenta la calidad de la asistencia".
"Hay muchas pruebas de un deterioro sistemático de los centros de gestión tradicional, especialmente de los más cercanos a los nuevos centros y del trasvase de pacientes hacia los centros privatizados, facilitado por la gestión del call center privatizado", afean.
Otro rasgo negativo es que los datos oficiales de los centros privatizados "permanecen ocultos". "Una vez mas existe una gran opacidad en la información disponible, hay que exigir información pública y detallada de los trasvases de enfermos, incluyendo la complejidad de los mismos y las transferencias económicas que producen", lamentan.
Por último, el Observatorio señala que "no existe ninguna evidencia de mejora de la asistencia sanitaria en la región, a pesar de los ingentes recurso económicos destinados a los centros privatizados, tal y como se deduce de la opinión de la ciudadanía expresada en los Barómetros Sanitarios y en el aumento del número de ciudadanos en lista de espera quirúrgica, que ha pasado de 27.672 en junio de 2005 a 84.000 en septiembre de 2016.
"Entendemos que todos estos hechos son más que suficientes para exigir el final de la privatización sanitaria y la reintegración de los centros privatizados así como, la Fundación Alcorcón y las Empresas Públicas Fuenlabrada y UCR en la red de gestión pública del SERMAS que está demostrando ser más eficaz y más eficiente a la hora de atender los problemas de salud de la población", han concluido las entidades en el informe.
