MADRID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Pablo Cavero, ha anunciado este jueves que el consejero delegado de Metro de Madrid, Ignacio González Velayos, ha acudido esta mañana al Juzgado de Guardia para presentar una denuncia por el sabotaje que se produjo ayer en el suburbano en hora punta, acusando a los implicados de un presunto delito de desorden público y pidiendo para ellos hasta cinco años de cárcel.
En la denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la compañía entiende que los implicados en esta acción colectiva que tenía como objetivo protestar por la subida del transporte público incurrieron en un delito de desórdenes públicos atendiendo a lo que recoge el artículo 557 del Código Penal.
En concreto, recoge el texto que hace referencia a "los que actuando en grupo y con el fin de atentar contra la paz pública alteren el orden público causando lesiones a las personas, produciendo daños en las propiedades, obstaculizando las vías públicas o los accesos a las mismas de manera peligrosa para los que por ellas circulen". Para este supuesto se prevé una pena de prisión de seis meses a tres años.
En la misma denuncia, recoge en los fundamentos de derecho que el Penal en su artículo 560.2 prevé un tipo agravado del delito de desórdenes públicos cuando se origine "un grave daño para la circulación ferroviaria de alguna de las formas previstas en el artículo 382". En este caso, la pena se incrementa a prisión de 1 a 5 años.
Así, consideran que las personas responsables de los actos de ayer "deben ser imputados" y tras el correspondiente proceso, en su caso condenados en su condición de autores de un delito consumado".
No obstante, añaden que en caso de no apreciarse que el delito de desórdenes públicos se haya consumido "gracias a la intervención de Metro y de la pericia de sus conductores", las personas denunciadas deben ser, a su juicio, condenadas en grado de tentativa, de conformidad con lo señalado en el artículo 61 del Código Penal.
Además de las posibles sanciones penales, recuerdan que el responsable de un delito debe responder también de la indemnización de los daños y perjuicios que haya ocasionado, que es lo que se denomina responsabilidad civil derivada del delito.
En este sentido, al juzgado suplica que "se proceda a la admisión de la denuncia y la incoación de diligencias previas contra las personas que tuvieron implicación en los incidentes ocurridos el día 25 de abril de 2012 en las instalaciones de Metro de Madrid por un presunto delito de desorden público del artículo 557 del Código Penal o su tipo agravado".
INTENCIÓN: PERJUDICAR A LOS VIAJEROS
Según consta en la denuncia, Metro asegura que del modo de actuación de los denunciados "se deduce claramente que su intención era lograr, a través de una acción colectiva en grupo, un grave perjuicio al servicio ferroviario, perjudicando a los viajeros y perturbando la paz pública".
Sin embargo, destaca que la "rápida reacción de los conductores de los trenes hizo que los mismos advirtiesen la realidad de la situación, procediendo a rearmar los timbres de alarma en pocos minutos". "Los conductores de los trenes no visualizaron personalmente a las personas concretas que había accionado las palancas de freno", apostillan.
En este sentido, apunta que el servicio ferroviario ha sufrido una perturbación significativa, si bien ha sido inferior a la que podría haber resultado de la acción de los infractores si no llega a ser por la rápida reacción de Metro y la pericia de sus conductores".
Así, el suburbano explica que esta "perturbación", dada la hora punta en la que suceden los hechos, ha supuesto "un importante perjuicio a los miles de ciudadanos que utilizan este medio de transporte en este tramo horario". De hecho, señala que los viajeros afectados ascienden aproximadamente a unos 8.000, "pudiendo estimarse que se han perdido unas 1.500 horas laborables".
Ante esta situación, "dada la coincidencia temporal y por las informaciones difundidas en Internet" se concluye que se trata de "un acto de sabotaje organizado, el cual, de no haber sido por la rápida intervención de Metro y la pericia de sus conductores, podría haber ocasionado la paralización completa del servicio y un gravísimo perjuicio al conjunto de la ciudadanía".
HECHOS ANTE LA POLICÍA
Metro puso de inmediato en conocimiento de la Policía y de la Delegación de Gobierno y a las 13.20 horas de ayer interpuso una denuncia ante la Dirección General de la Policía/Jefatura Superior de la Policía de Madrid/Brigada Provincial de Información.
Además, tras grabar las imágenes de las distintas cámaras del Centro de Control de Metro de los trenes que han sido objeto del acto de sabotaje así como de los andenes, las ha puesto, como ampliación de la denuncia, en manos de la Brigada Provincial de Información para ayudar a la investigación.