La muerte de Álvarez Conde implica también que decaiga su presunta responsabilidad por el caso de malversación en el IDP

MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La muerte del exdirector del catedrático Enrique Álvarez Conde implica que "decaiga" su presunta responsabilidad penal en la causa sobre posible malversación de fondos públicos cuando estaba al frente del Instituto de Derecho Público (IDP), organismo que la Universidad Rey Juan Carlos ya extinguió.

Según han explicado fuentes jurídicas a Europa Press, el fallecimiento supone que su responsabilidad penal no pueda ser juzgada por el Juzgado de Instrucción número 34 de Madrid, que asumió el caso, y por tanto deberá emitirse una resolución para sacarle del proceso, al igual que ocurrirá en su momento en el denominado caso Máster.

A su vez, se tendrá que evaluar el procedimiento abierto a raíz de una denuncia presentada por la propia URJC y determinar si puede haber más implicados, aunque las fuentes consultadas subrayan que Álvarez Conde era el principal investigado.

El exdirector del Instituto de Derecho Público fue citado en octubre del año pasado en calidad de investigado por la supuesta malversación de fondos en el Instituto de Derecho Público. El escrito de denuncia se aludía a que podrían estar implicados allegados del docente como "colaboradores necesarios" de esta presunta malversación.

El rector de la URJC, Javier Ramos, presentó en mayo del año pasado una denuncia por presunto delito de malversación en la gestión económica del Instituto de Derecho Público.

Lo decidió tras las "graves irregularidades económicas" en la gestión de este ente ya extinto y que se desprendían en la investigación encargada por la universidad a raíz de la polémica por el máster de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes.

Un informe elaborado por el que fuera director provisional del ente tras la salida de Álvarez Conde del IDP, Pablo Acosta, "destapaba" que el Instituto "nunca tuvo personalidad jurídica propia, aunque actuaba como si la tuviera; ni se sometía a ninguna supervisión de la URJC, ni disponía de contabilidad oficial".

"Se ha constatado la existencia de transferencias bancarias realizadas a personas que podrían estar incursas en causa de incompatibilidad para contratar con el Instituto por razones de parentesco", rezaba el informe.

También detectaba la existencia de transferencias bancarias "a cuentas en apariencia particulares sin que conste en el apunte bancario en qué concepto se realiza el pago" y que había "disposiciones de efectivo en oficina bancaria por importes de miles de euros".

"El hecho de que se retiraran del banco cantidades en metálico impide saber a qué fin se dedicaron. Hay numerosos apuntes bancarios relativos al uso de tarjetas de crédito para gastos aparentemente personales en establecimientos comerciales no relacionados con la actividad docente e investigadora del Instituto...", exponía el informe.

Por otro lado, recogía que el Instituto de Derecho Público "tiene abiertas cuentas en dos entidades bancarias: una es un banco comercial y otra en un banco de inversión".

"En este último se abrió cuenta en mayo de 2016 mediante una transferencia de 100.000 euros. Parte de ese dinero ha sido invertido en fondos de renta variable, algunos de los cuales podrían estar calificados como fondos de alto riesgo. La inversión de fondos públicos en este tipo de productos financieros, de confirmarse, es contraria a los principios de buena administración que obligan a cualquier funcionario público", recogía el documento.

A su vez, concluía que el instituto funcionó desde su creación "con plena autonomía de hecho, pero sin la debida cobertura jurídica, ni por parte de la ley ni del reglamento propio que nunca llegó a ser aprobado por el consejo de gobierno de la URJC". Por otro lado, se constató que "no existía ninguna contabilidad oficial".

Respecto al caso Máster, su fallecimiento deja a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, la profesora Cecilia Rosado y a la exasesora del Gobierno regional María Teresa Feito como únicas procesadas por esta causa.