MADRID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -
El juez Antonio Pedreira, que instruye el 'caso Gürtel' en Madrid, ha solicitado nuevas diligencias de investigación a las autoridades de Mónaco para indagar sobre el supuesto cobro de una comisión de 13 millones de euros por parte de Francisco Correa por intermediar en un desarrollo inmobiliario en Arganda del Rey relacionado con la sociedad Martinsa.
En una providencia, a la que tuvo acceso Europa Press, el magistrado solicita a Mónaco que complemente una comisión rogatoria a tenor de la aparición de nuevos datos relacionados con el cerebro de la trama corrupta y a instancias de la Fiscalía Anticorrupción.
En los hechos, el juez señala que "de la documentación remitida por las autoridades suizas se deduce que el 29 de junio de 2006 se recibieron 13.000.000 euros en la cuenta del Credit Suisse Solado procedentes" de una cuenta de Lloyds Bank de Mónaco "a nombre de Cedargrove Investments SA".
"De ellos se habrían transferido un importe de 12.870.000 euros el 30 de junio de 2006 a la cuenta de la mercantil Golden Chain Properties S.A. -propiedad, de acuerdo con la documentación obrante en la causa, de Francisco Correa-", relata el magistrado.
Añade que los fondos "recibidos en la cuenta de Golden Chaim procederían, de acuerdo con la documentación remitida desde Suiza, del cobro de una comisión por intermediación en un desarrollo inmobiliario de Arganda relacionado con la sociedad Martinsa".
El magistrado informa en la comisión rogatoria de que en el proceso penal se investiga la adjudicación a la sociedad Martinsa de un proyecto inmobiliario en Arganda.
En la causa están imputados por la posible percepción de fondos y regalos procedentes de Correa distintos cargos públicos que estuvieron vinculados a este municipio madrileño, entre ellos el ex alcalde de la localidad Ginés López Rodríguez.
Según el sumario, el Ayuntamiento adjudicó en 2004 a Martinsa terrenos para desarrollar 2.400 viviendas y dos años después la promotora vendió un tercio de estos suelos por 73 millones de euros.
Por su parte, fuentes de la compañía Martinsa-Fadesa han insistido, en declaraciones a Europa Press, en la "absoluta transparencia" de este proceso de adjudicación, puesto que aseguran que se trató de un concurso público y que no hubo "ninguna situación irregular ni ningún pago o comisión encubierta".
