MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Plataforma Magerit ha reclamado este viernes recuperar el centro ocupacional Magerit, que fue cerrado en 2011 después de varios meses de un polémico encierro de sus usuarios y profesionales, que rechazaban la medida adoptada por el Ejecutivo autonómico.
La Plataforma hace este llamamiento después de hacerse eco de una noticia de 'Nueva Tribuna' que dice que Américo Puente Berenguer fue cesado esta semana como director general de Empleo de la Comunidad debido a su relación con la trama Púnica.
Echando la vista atrás, la Plataforma señala que fue Puente, como gerente del Servicio Regional de Bienestar Social de la Consejería de Asuntos Sociales, quien el 8 de marzo de 2011, mediante resolución, procedió al cierre en el plazo de 48 horas, de tres centros ocupacionales de personas con discapacidad intelectual, dependientes de esa Gerencia que dirigía entonces.
El motivo que se adujo fue que los tres centros a la vez estaban en situación de ruina inminente, relata la Plataforma, que indica que los cierres afectaron a un total de 700 personas, entre usuarios y trabajadores de los centros, así como a personas mayores de residencias que fueron también desplazados para dar acomodo a algunos de los desplazados de los tres centros ocupacionales.
La Plataforma afirma que en su época de encierro en el centro descubrieron que la clausura no se debía a la situación de ruina de las instalaciones, sino a un acuerdo que la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, firmó con la Universidad privada de Nueva York, en el que se cedía parte de la finca de Vista Alegre de Carabanchel (donde se encuentra uno de los tres centros cerrados, el Centro Ocupacional Fray Bernardino) y aledaños(donde se encuentra a escasos 500 metros el Centro ocupacional) a dicha institución.
Ahora, cuatro años después, la Plataforma Magerit pide a los grupos políticos municipales y parlamentarios de la Asamblea de Madrid que se realice una investigación y se exijan las responsabilidades de todo tipo a los responsables de dicha actuación, al menos a Américo Puente "como brazo ejecutor"; Engracia Hidalgo, entonces consejera de Asuntos Sociales, y Esperanza Aguirre, como presidenta de la Comunidad.
