El Pleno aprueba la Ordenanza de Servicios, que reduce los trámites administrativos y los controles municipales

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado este miércoles con los votos del PP en solitario la nueva Ordenanza de Servicios, que supone la transposición de la Directiva europea de Servicios y la Ley Omnibus, y que reducirá los trámites administrativos y los controles municipales, dos puntos que la oposición interpreta como un "recorte de derechos y prestaciones", una "privatización de los servicios públicos" y la eliminación de la vigilancia del Consistorio.

Según ha explicado el delegado de Hacienda de la capital, Juan Bravo, en la sesión plenaria celebrada en la Casa de la Villa, la ordenanza "reduce las trabas y barreras que restringen el acceso y ejercicio de este tipo de actividades" y permitirá tener un "mercado más flexible, en un entorno de libre competencia y siempre resguardado de prácticas abusivas gracias a la inspección municipal", lo que a su juicio "favorecerá la productividad y la creación de empleo".

"La Ordenanza tiene un claro objetivo de disminuir las trabas y barreras que restringen injustificadamente el acceso y ejercicio de las actividades de servicios. De hecho, sustituye el control previo que supone un régimen de autorización por el de declaración responsable o comunicación previa que ya recoge la normativa básica estatal", ha añadido el edil.

Asimismo, el nuevo reglamento reduce las cargas administrativas para el ciudadano, dispensándole de aportar documentación que ya obre en poder del Ayuntamiento o de otras administraciones públicas y que los funcionarios puedan "consultar fácilmente".

"El objetivo es la plena aplicación de la libertad de establecimiento en la UE para mejorar la competitividad económica, implementar la agilidad administrativa y la transparencia, y conseguir una relación más flexible y abierta con ciudadanos y empresas mediante los medios telemáticos", ha resumido el responsable municipal.

INSTALACIÓN DE TERRAZAS

Durante los 30 días de información pública, tras ser aprobada por la Junta de Gobierno en enero, la ordenanza ha recibido 14.099 alegaciones, casi todas relativas a la ordenanza que regula la venta ambulante. "El Ayuntamiento ha incorporado algunas de las alegaciones que podían dar un mayor rigor técnico y jurídico, si bien el texto original no ha sufrido modificaciones en su esencia", ha precisado Bravo.

En total, la Ordenanza de Servicios ha supuesto el análisis de 68 procedimientos de la capital y ha supuesto la modificación de 34 ordenanzas, entre ellas las referidas a los quioscos, a la venta ambulante, a la gestión de licencias, terrazas y veladores, mobiliario urbano, uso del agua, servicios sociales o publicidad exterior.

Así, se facilitará por ejemplo la instalación de terrazas en el dominio público, lo que incrementará su capacidad de negocio y el empleo en el sector, y también se posibilitará a los servicios de restauración de los hoteles la disposición de terrazas en la vía pública. La ordenanza también prevé la renovación automática de las autorizaciones para las terrazas con cerramientos estables, y permitirá los dispositivos de climatización como elementos integrantes de la terraza, con el objetivo de ampliar el periodo de funcionamiento de estas instalaciones.

Otra de las modificaciones afecta a la Ordenanza de Gestión y Control de las Licencias Urbanísticas de Actividades (OGLUA), que simplifica los trámites administrativos; o a la de Mobiliario Urbano, que suprime la exigencia de homologación de los elementos de las terrazas y veladores, que deberán respetar los criterios estéticos y de diseño establecidos por el área de Gobierno competente; a la de Mercados Municipales, recientemente aprobada y a otras actualmente en proceso de revisión.

Mención especial merece la reforma de la Ordenanza de Venta Ambulante por el elevado número de alegaciones recibidas, todas referidas a mejoras técnicas, regulando de manera expresa el régimen ya establecido por la Comunidad de Madrid. Los cambios se refieren al régimen transitorio aplicable a quienes ya son titulares de autorizaciones para el ejercicio de la venta ambulante.

"Se trata, por tanto, de un proyecto normativo de especial relevancia por la incidencia directa en la vida cotidiana de muchas personas que tiene, porque favorece la actividad económica y social de las pequeñas y medianas empresas, lo que tiene una gran importancia en el actual contexto económico", ha concluido el delegado.

RECORTES SOCIALES

Sin embargo, para la oposición esta ordenanza supera la directiva (que IU ya rechazó en el Parlamento Europeo) y supondrá la privatización de los servicios sociales, el final del control municipal y la pérdida de derechos sociales y laborales.

El portavoz de IU en materia de Hacienda, Daniel Morcillo, ha considerado esta normativa municipal como "una vuelta de tuerca más a la directiva, que persigue la privatización de los servicios públicos y la eliminación de todo control público sobre la actividad económica y administrativa".

"Aun así, la directiva europea casi parecía de izquierdas comparada con la Ley Omnibus del Gobierno de la Nación. Y ahora en el Ayuntamiento, como es muy difícil hacer política más de derechas que las del Gobierno de la Nación, ustedes no se conforman con transponer la directiva, sino que han extendido su espíritu al resto de ordenanzas", ha lamentado el edil.

Y es que, a su juicio, "esto supone la privatización de facto de los servicios públicos, la eliminación o limitación del control público sobre los servicios públicos, y supondrá una deslocalización empresarial y una desregulación laboral aún mayor". "El objetivo, al final, es eliminar el Estado", ha apostillado.

Por su parte, su homólogo en el PSOE, Pablo García Rojo, ha considerado que ésta es una "ordenanza escoba" que busca "reformar a diestro y siniestro la normativa municipal" y que "causa una sonrisa cuando se recuerdan los planteamientos del PP a nivel nacional cuando se debatía la Ley Omnibus".

"La directiva europea tiene como finalidad la remoción de los obstáculos legales y administrativos que puedan obstaculizar la prestación de los servicios, y de ninguna manera plantea que se deban recortar servicios, que es lo que hacen ustedes con algunas de estas modificaciones. El PSOE no aceptará que la adaptación en Madrid de la directiva se traduzca en un recorte de derechos y prestaciones en materia social", ha apostillado.

Para cerrar el debate, Bravo ha respondido a los portavoces de la oposición que "no se vislumbra ninguna desprotección de los trabajadores" con la aplicación de esta normativa, porque su intención es "facilitar la implantación de empresas y servicios", lo que "genera empleo, no lo contrario". "No habrá deslocalización. Si no conseguimos la localización de más actividad será porque algo estamos haciendo mal, no por la normativa", ha insistido.

Además, ha negado que desaparezca el control público de los trámites administrativos que se deben cumplir, sino que "se apuesta por el control a posteriori mucho más intensivo del que existe ahora". "La Administración no pierde funciones, sino que las sustituye por otras, sin perjuicio de que habrá que reforzar las labores de control e inspección", ha añadido.

"Y aún no hemos terminado, porque la Ley de Economía Sostenible publicada hace un mes marca un plazo a todas las administraciones públicas para ir más allá, para suprimir incluso esa colaboración público-privada que tenemos, por ejemplo, en la gestión de las licencias, de tal manera que la regla general será la implantación de la actividad sin mayor participación de la administración en la fase inicial", ha zanjado Bravo.