Pleno rechaza la dimisión "inmediata" del alcalde y de dos ediles imputados por presunta malversación

Juan Velarde, Alcalde De Arroyomolinos
AYUNTAMIENTO DE ARROYOMOLINOS/EUROPA PRESS
Actualizado: miércoles, 16 noviembre 2011 16:19

El PP tumba una moción presentada por IU, UPyD y los independientes del PIArr para pedir explicaciones

ARROYOMOLINOS, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Arroyomolinos ha rechazado este miércoles --con los votos del PP-- la dimisión "inmediata" del alcalde, Juan Velarde (PP), y de los concejales de Urbanismo y Empleo, Félix López y Ana Millán, respectivamente, tras ser citados a declarar como imputados por el juzgado de Instrucción número 3 de Navalcarnero por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos por importe de 44 millones de euros en obras municipales adjudicadas entre 2004 y 2006.

Las formaciones de Partido Independiente de Arroyomolinos (PIArr), UPyD e IU han presentado una moción a Pleno en la que solicitaban la "dimisión inmediata" del regidor y sus dos colaboradores tras conocerse que el juzgado les ha citado a declarar el próximo 14 de diciembre en la instrucción abierta a raíz de una denuncia del PSOE en la que se pedía investigar el presunto fraccionamiento de contratos públicos entre esos años.

El alcalde ha declarado este miércoles que hay "tranquilidad" en las filas del PP ya que, según ha expresado, están "deseando que este asunto se aclare ante la Justicia cuanto antes". No obstante, el primer edil ha asegurado que no entiende "la falta de ética y de moral de algunos grupos políticos como el PIArr" por convocar un Pleno que, a su entender, "hace de la democracia un espectáculo".

En este sentido, ha asegurado que su partido lleva "trabajando más de doce años en Arroyomolinos utilizando los foros adecuados para dar las explicaciones pertinentes y actuando siempre con educación y respeto".

"RESPONSABILIDADES POLÍTICAS"

Para el portavoz de los independientes, Francisco Ferrero, la convocatoria del Pleno era necesaria porque se trataba de reclamar "responsabilidades políticas" después de conocerse la citación judicial del regidor. "De alguna manera --ha precisado en declaraciones a Europa Press-- si están imputados es porque hay indicios de delito y al estar en esta condición, no deben representarnos porque deben estar pendientes de su defensa".

Al finalizar el Pleno, el alcalde, según Ferrero, ha sido increpado por parte del público. Para el Gobierno local, en cambio, fueron "algunos miembros del PIArr" los que "volvieron a dar un espectáculo bochornoso, increpando y faltando al respecto a los dos miembros del PSOE, llegando incluso a aludir a cuestiones personales de algún integrante del citado grupo político".

El enfrentamiento entre los independientes y el PSOE habría derivado del hecho de que, durante la sesión plenaria, el portavoz socialista, Manuel Díaz, afirmara no entender por qué no estaban imputados todos los miembros del equipo de Gobierno entre los años 2004 y 2007, entre ellos el propio Ferrero, quien en aquellos años asumió la tercera tenencia de Alcaldía, era miembro de la Junta de Gobierno y la persona que "autorizó el pago de 472.000 euros en diferentes conceptos", según ha informado el Gobierno local.

Por otro lado, el PSOE ha pedido que conste en acta que la convocatoria del Pleno "ha sido un error", ya que el asunto "está todo 'sub júdice' y ahora no es el momento de dar explicaciones". "Lo será una vez que la justicia actúe", ha señalado Díaz.

El Pleno fue convocado tras conocerse que el juzgado ha llamado a declarar al alcalde y sus dos ediles --así como al exedil Laureano Arrogante y al actual arquitecto municipal y exgerente de la Empresa Municipal de la Vivienda, Carlos García-- por el presunto fraccionamiento" de contratos públicos y presuntas "contrataciones irregulares" por importe de 43,5 millones de euros, según la denuncia.

Además, en la providencia, el juzgado anuncia la remisión de "los antecedentes necesarios" al Tribunal de Cuentas para que "se concrete el importe de los daños y perjuicios causados en los caudales o efectos públicos", lo que significa que el Tribunal de Cuentas "deberá auditar" el Ayuntamiento y que, posteriormente, determinará "la cuantía de la presunta malversación", según fuentes personadas en la causa.