PP acusa al PSOE de "ponerse del lado de los especuladores" al criticar la Ley de Modernización de la Administración

Actualizado: viernes, 13 julio 2007 18:32

Beteta acusa a Narbona de "deslealtad institucional" por hablar como ministra en la Asamblea de Madrid sin ser anunciada como tal MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Partido Popular (PP) en la Asamblea de Madrid, Antonio Beteta, acusó hoy al PSOE de "ponerse del lado de los especuladores" y calificó de "vergüenza" que la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, "atacase" el proyecto de la Ley de Modernización del Gobierno y la Administración regional cuyo objetivo fundamental es luchar contra la especulación urbanística y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos".

"El PSOE se pone frente a una ley moderna y valiente que apuesta por el ciudadano, que combate la especulación urbanística y que hubiera evitado escándalos como el de Aldea del Fresno o Ciempozuelos", aseguró Beteta, quien afirmó que, si tal y como anunció la ministra, el PSOE presenta un recurso de inconstitucionalidad a la Ley, el PP estará "encantado".

Tras destacar que los socialistas "se han caracterizado en los municipios de la región por una política sectaria y arbitraria", el portavoz popular indicó que "las mayores colmataciones se dan en los municipios gobernados por el PSOE, que además tienen menor calidad de vida", y se preguntó por qué "los dirigentes socialistas se van a vivir a los municipios gobernados por el PP, donde ya es norma que los edificios tengan tres alturas más ático".

"Ellos quieren vivir así y que el resto de los ciudadanos no tengan derecho a esa calidad de vida", aseguró Beteta, a lo que añadió que el PP quiere que "todos los ciudadanos de Madrid tengan la misma calidad de vida que hoy se disfruta en Las Rozas, donde vive medio Gobierno de España, en Pozuelo o en Majadahonda".

Así, calificó la intervención de Narbona como "un claro ejemplo de lo que no se debe de hacer en política y de deslealtad institucional" porque, según explicó, "una ministra del Gobierno de España ha venido a hablar como ministra a la sede de la Asamblea de Madrid sin haber sido anunciada como tal". Por ello, anunció que se lo reprochará en el Senado de la Nación "donde los ministros hablan como ministros".

Beteta afirmó que el proyecto incluye un conjunto de medidas urgentes "cuyo objetivo fundamental es el principio de la seguridad jurídica, la mejora en el planeamiento urbanístico en la región, así como garantizar el embellecimiento, limpieza, calidad de vida en las ciudades, el uso eficiente del agua y garantizar el suministro de transporte a la Comunidad de Madrid".

Asimismo, se mostró seguro de que, a pesar de la afirmación del alcalde de Fuenlabrada, el socialista Manuel Robles, "no va encarecer la vivienda protegida", sino que "va a reducir el precio del suelo porque las expectativas de calificación que se tienen con la nueva norma y con los nuevos usos hacen que el precio será más barato".

INFORME DE ESTRATEGIA TERRITORIAL

El portavoz popular añadió que tampoco entendía la oposición del PSOE al informe de estrategia territorial, que definió como "algo básico y fundamental y un salto cualitativo en armonizar la región para tender a mejorar la calidad de vida" de los madrileños.

Tras recordar que todas estas medidas estaban el programa electoral, Beteta señaló que "a nadie puede extrañarle que se llevan ahora a cabo" y apeló a la "legitimidad" de hacerlo, después de "haber predicado a lo largo y ancho de la región medidas como que haya tres alturas más ático y haber recibido el voto de más de un millón y medio de habitantes".

Acerca de la modificación referida a los agentes forestales afirmó que "existe competencia de la Comunidad de Madrid para poder considerar como policía administrativa a los agentes", por lo que, además, "es competencia de la Administración de la Cámara el aprobarlo".

"Hemos estudiado perfectamente aquellos ámbitos de la actividad de los agentes forestales que por mor de la Constitución y las leyes tienen que tener competencia de agente de la autoridad, y aquellas que son disponibles por las comunidades autónomas para que actúen con autorización judicial", concluyó.