El exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, durante la II Jornada de debate sobre el proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal, en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), a 24 de marzo de 2026, en Madrid (España). La - Eduardo Parra - Europa Press
MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -
El PP de la Comunidad de Madrid ha afirmado que Fiscalía busca "revertir" la condena al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz recurriendo al Tribunal Constitucional (TC), "otra institución colonizada" por el Gobierno de Pedro Sánchez.
Así lo ha planteado el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, al ser preguntado por el recurso por parte de Fiscalía ante el Tribunal de Garantías contra la sentencia del Tribunal Supremo por filtración de datos de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
"Lo que quiere hacer es nuevamente dejar sin efecto la acción de la Justicia. Hay que recordar que la Justicia en España, el Poder Judicial, termina en el Tribunal Supremo", ha planteado Díaz-Pache, quien ha recordado que la función del Tribual Constitucional es "velar para la interpretación" de la Carta Magna o de los " huecos que haya dejado el constituyente respecto a la interpretación".
A renglón seguido, ha apostillado que "no es un órgano de casación" para "revisar sentencias del Alto Tribunal" como entiende que quiere "utilizarlo el Gobierno de Pedro Sánchez y toda la mafia que está a su alrededor para evitar la acción de la Justicia".
Fiscalía presentaba el viernes un recurso de amparo y también recurrió el auto del Supremo que desestimó el incidente de nulidad que presentó contra esa sentencia, hecha pública el pasado diciembre después de un juicio en el que la Fiscalía reclamó la absolución de García Ortiz.
El Ministerio Público considera que se vulneraron los derechos de García Ortiz a la presunción de inocencia, a un proceso con todas las garantías, a conocer la acusación y defenderse de ella, y a la legalidad penal.
Respecto del derecho a la presunción de inocencia, sostiene que la sentencia "priva indebidamente de valor exculpatorio a los contundentes testimonios de descargo" de periodistas que "negaron categóricamente" que García Ortiz "fuera su fuente y aportaron datos objetivos incompatibles con la tesis reflejada en los hechos probados, según la cual la filtración considerada delictiva se produjo entre las 22 y las 23.51 horas del 13 de marzo de 2024".