MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -
El PP de la Comunidad de Madrid presentará en todos los ayuntamientos de la región, a través de sus grupos municipales, una moción para reprobar la política de movilidad del Ayuntamiento de Madrid, que "perjudica gravemente los derechos de los ciudadanos, entorpece su vida diaria, restringe su libertad de movimiento e incide negativamente en la economía y el empleo".
Así lo ha avanzado la vicesecretaria de Comunicación y portavoz del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en rueda de prensa, donde además ha recordado que a estas mociones se suman la Proposición No de Ley (PNL) que se ha registrado en la Asamblea y a numerosas acciones que están llevando a cabo.
"El PP está absolutamente a favor de la movilidad sostenible, del compromiso con el medio ambiente, pero también y por encima de todo con la libertad de los ciudadanos para desplazarse allí donde necesitan hacerlo", ha defendido.
Y es que para los 'populares', el Ayuntamiento de la capital "convoca la fiesta" pero la tienen que pagar otros. "La movilidad es una necesidad y las administraciones públicas deben garantizarla y no someterla a decisiones arbitrarias, irresponsables y perjudiciales", ha remarcado.
Así, la iniciativa exige al Consistorio la suspensión de la entrada en vigor de Madrid Central, proyecto con el que el PP no está de acuerdo, y el retraso en la puesta en marcha de la nueva ordenanza de movilidad. Además, consideran que se deben de ampliar los plazos e informar más adecuadamente a los ciudadanos para que puedan adaptarse a la misma.
Asimismo, se solicita que el protocolo anticontaminación se consensúe con la Comunidad de Madrid, la Administración General del Estado, los municipios de la corona metropolitana y los sectores más afectados por los cortes de tráfico.
En este sentido, exigen un compromiso por parte del Ayuntamiento para que refuerce y facilite el acceso al transporte público que depende de él cuando se pongan en marcha fuertes medidas restrictivas anticontaminación de última hora.
El PP estudiará también las acciones legales que "sean necesarias para salvaguardar los derechos de los vecinos" frente a las restricciones de Carmena "porque perjudica a los que menos posibilidades tienen y les obliga a modificar toda su organización vital sin que el Ayuntamiento haya hecho el más mínimo esfuerzo por mejorar o ampliar las alternativas". "Hay que dar opciones y alternativas para que la ciudad no se convierta en una ratonera", ha sostenido Díaz Ayuso.
