PP rechaza por "inconstitucional" una reforma del Reglamento para apartar a los diputados condenados por delitos graves

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular rechazó hoy la propuesta de reforma del Reglamento de la Asamblea de Madrid propuesta por el PSOE para que, a través de una votación de la Cámara, se pueda llegar a apartar a diputados condenados por delitos graves o por "manifiesta vulneración del sentido del mandato" electoral, al considerar que se trata de una iniciativa "inconstitucional".

El portavoz del PSOE en la comisión del estatuto del diputado, José Manuel Franco, manifestó que ésta era una "oportunidad" para el PP de "salvar la dignidad" del Parlamento regional, pero los populares carecen de "voluntad política". "Si el PP no tiene esta voluntad política, nosotros no podemos darle más oportunidades a Aguirre para cumplir lo que dice con la boca pequeña que es que estos diputados (imputados en el caso Gürtel) se vayan de la Asamblea de Madrid", aseveró.

En este sentido, Franco criticó que el PP lo plantee como un tema inconstitucional cuando "está sujeto a muchas interpretaciones". "Nosotros no plantearíamos nada que fuese inconstitucional. Hay sentencias, es cierto, para todos los gustos. Lo que proponemos es llegar a un gran acuerdo, y si hubiese aspectos que limar que pudiesen tener un difícil encaje constitucional, estamos dispuestos a limarlos en el segundo trámite de procedimiento", manifestó respecto a que la votación de hoy sólo suponía una simple "toma en consideración" de la Proposición de Ley para la modificación del Reglamento, que ya cuenta con 13 años de antigüedad.

En cambio, el portavoz adjunto popular, Pedro Muñoz Abrines, consideró que su grupo "no puede hacerse cómplice de la deriva totalitaria y inconstitucional que se ha metido el PSOE con una excusa muy burda" y tildó de "aberración" desde el punto de vista jurídico la propuesta socialista.

"Lo que está proponiendo es que con una votación de los diputados de esta Cámara alguien deje de ser diputado, yendo por lo tanto en contra de lo que dice expresamente la Constitución de que no existe mandato imperativo y en contra de lo que dice el Constitucional de que el escaño pertenece a los ciudadanos y al diputado, y no al partido político", manifestó Abrines.

Por su parte, el portavoz de Izquierda Unida, Antero Ruiz, señaló que su grupo acepta la toma en consideración de la reforma para facilitar el debate, pero discrepó en algunos puntos. "Estamos de acuerdo con que se aborde una modificación del Reglamento, a partir de ahí, íbamos a plantear que el PSOE se equivoca a la hora de la forma de abordar este tema porque creemos que la reforma del Reglamento debe hacerse a través del consenso entre los grupos parlamentarios, pero por la vía de la iniciativa parlamentaria, sabiendo que el PP disfruta de mayoría absoluta, es la forma de no conseguir los objetivos", opinó.

IU coincide además con el PP en que algunos puntos "pueden rozar la inconstitucionalidad", aunque están de acuerdo con "otros muchos aspectos" porque el Reglamento ya está "obsoleto".

El grupo socialista consideró que si el PP tuviera voluntad política para abrir el debate podría abordarse en una segunda fase todo lo que tuviese alguna duda de inconstitucionalidad, para que los cambios "sirviesen para resolver para siempre comportamientos indignos" por parte de ciertos diputados, "que lo que hacen es separar a los ciudadanos de sus instituciones".

"Queremos recuperar la Asamblea a sus ciudadanos, y aunque puede parecer demagogia barata, ahora mismo esta institución, con tres diputados imputados por presuntos delitos muy graves contra la Hacienda pública en época de crisis, personas que están asistiendo 15 minutos a la semana a cambio de llevarse el sueldo íntegro, es inaceptable", recalcó.

El socialista advirtió que no aceptará que el PP disfrace su posición dando lecciones de derecho constitucional porque hay ejemplos como el reglamento de Castilla La Mancha, en el que su artículo 8 recoge este tipo de posibilidades.

Sin embargo, el popular Abrines negó que haya antecedentes. "Es una gran mentira, no hay un solo Parlamento en el que exista la posibilidad de que se acabe con el mandato de un diputado porque se vote en su Parlamento. Es mentira porque es inconstitucional y lo que es inconstitucional no puede existir", remachó.

A su juicio, en realidad el PSOE no pretende resolver ningún problema respecto a los diputados no adscritos Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch Tejedor, sino que "está mandando un aviso a navegantes a todos los críticos a Tomás Gómez (secretario general del PSM) en su grupo parlamentario" y vuelve a la "nostalgia de volver a la época de Alfonso Guerra de que 'quien se mueve no sale en la foto'" y de cuando gobernaban en el Ayuntamiento "e intentaron hacer lo mismo con Alonso Puerta".

El popular insistió en que "la dignidad y lo que la opinión pública tenga respecto de esas personas es algo que afecta de manera exclusiva a esos diputados". Recordó que el PP ha solicitado en varias ocasiones a los tres imputados la devolución de su escaño, pero "si no lo devuelven no es un problema del PP". "Lo que no se puede hacer es pervertir el sistema, ir en contra del mandato representativo, intentando matar moscas a cañonazos", planteó.

REFORMA PROPUESTA

La iniciativa socialista incorpora en el artículo Primero del Reglamento de la cámara madrileña que por acuerdo de la mayoría de tres quintos de los diputados, se puedan añadir causas por las que un electo pierda su plena condición de diputado. Por ejemplo a quien "hubiese sido condenado por delito, y una vez firme la sentencia y teniendo en cuenta la gravedad de los hechos y la pena impuesta, no estime procedente la suspensión de la condición de diputado" o por "manifiesta vulneración del sentido del mandato recibido del cuerpo electoral, incumplimiento grave de los deberes del cargo o por dificultar gravemente, con conducta reiterada, el funcionamiento de la Cámara". En ambos casos, se contempla que el acuerdo del Pleno vaya precedido de un dictamen de la Comisión de Estatuto de autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado.

La reforma propuesta también contemplaba privar del escaño cuando una sentencia judicial firme inhabilite al diputado por periodo igual o superior al tiempo que reste para la extinción de su mandato representativo y por "sanción debida a falta de cumplimiento de presentación de la declaración de bienes y derechos y actividades".

La proposición de ley (PROPL) fracasada contempla además que los diputados puedan delegar su voto en caso de maternidad o enfermedad y que el presidente autonómico tenga obligación de comparecer en el Parlamento en determinados supuestos, como puede ser tras una remodelación de Gobierno.

Asimismo, quieren que si el Gobierno no responde a una pregunta la Presidencia de la Cámara, a petición del autor, la incluya como pregunta en pleno, un hecho que también afecta a la petición de información, ya que quieren que el Ejecutivo dé la información solicitada por un diputado en el comparecencia del presidente del Ejecutivo en pleno en determinados supuestos.

Reclama además que los parlamentarios cumplimenten una declaración de actividades y una declaración notarial de sus bienes y derechos patrimoniales en el plazo de los dos meses siguientes a la adquisición de la plena condición de diputado. Asimismo, prevé que anualmente presente una copia de la Declaración de la Renta.