PP reclama a Sánchez en la Asamblea que desista de la política de "indultos encubiertos" a etarras "a cambio de votos"

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP de Madrid ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Asamblea que desista de la política penitenciaria de "indultos encubiertos" a etarras "a cambio de votos".

Se trata de una Proposición No de Ley (PNL) presentada en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces por el 'popular' Carlos Díaz-Pache.

"Es inadmisible para un Estado de Derecho como el nuestro que aquellos que causaron el terror sean ahora beneficiarios de la desesperación de un Gobierno que quiere seguir en la Moncloa, un gobierno moribundo que quiere estar un minuto más en la Moncloa", ha lanzado Díaz-Pache, quien ha tachado de "vergüenza" que en 2027 el histórico etarra Txapote pueda estar votando a Sánchez "por haberle sacado de prisión".

En el texto de la PNL, al que ha tenido acceso Europa Press, figura la petición del fin de los "indultos encubiertos" y también la petición de que se hagan públicos los datos de la concesión de beneficios penitenciarios de los últimos siete años.

La iniciativa, que tiene garantizada la aprobación por la mayoría absoluta del PP, reclama el número de etarras clasificados en tercer grado, el número de internos a los que se haya aplicado el régimen de flexibilización previsto en el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario; y también los permisos ordinario.

Pide que se acredite si los etarras perceptores de beneficios penitenciarios han cumplido con los requisito como son un abandono efectivo del terrorismo, acompañado de una colaboración real y activa con las autoridades, manifestada mediante el repudio expreso de la violencia, la petición de perdón a las víctimas y la constatación técnica de la desvinculación del entorno terrorista Asimismo, solicita que se garantice la correcta aplicación del marco jurídico estatal en materia penitenciaria, reforzando los mecanismos de control y supervisión sobre las Administraciones autonómicas que han asumido competencias de gestión para evitar prácticas que desvirtúen la legislación vigente.

También que se proporcione a la Fiscalía y a los órganos judiciales de vigilancia penitenciaria los recursos necesarios para ejercer un control efectivo sobre la legalidad de las resoluciones adoptadas en esta materia.

Por último, plantean que se promueva las reformas legislativas que impidan la utilización de instrumentos excepcionales como indultos encubiertos y aseguren que la ejecución de las penas se rija exclusivamente por criterios legales, técnicos y objetivos.