PSOE apoya la continuidad del modelo de orientación jurídica por Colegio de Abogados ante concurso recurrido por Altodo

Publicado 04/09/2019 12:43:59CET
El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Pepu Hérnandez, se reúne con trabajadores del turno de oficio
El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Pepu Hérnandez, se reúne con trabajadores del turno de oficio - EUROPA PRESS

En Más Madrid recuerdan que el proceso sigue "los más estrictos procedimientos legales" y que se inició "con el conocimiento previo del ICAM"

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista apoya la continuidad del modelo municipal de orientación jurídica de los Servicios Sociales, que se presta en este momento por parte del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), ante el concurso iniciado por la anterior Corporación, de Ahora Madrid, y asumido por el actual Ejecutivo (PP y Cs) para abrir la licitación a nuevos adjudicatarios, un concurso que ya ha sido recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia (TSMJ) por la asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (Altodo).

"Creemos que si está bien prestado y se atiene a las posibilidades que tiene el Ayuntamiento de Madrid a subvencionar un servicio que está bien hecho y que ha surtido efecto y que, unido a que en casos parecidos, como en temas de inmigración, se está realizando este tipo de subvención, creemos que no tiene mucho sentido cambiarlo", ha explicado a la prensa el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Pepu Hernández.

Desde Altodo, su presidente, Juan Manuel Maíllo Martínez, ha detallado que este servicio de orientación jurídica municipal se ha venido prestando por el Colegio de Abogados mediante un convenio con el Consistorio "porque la ley de Asistencia Jurídica Gratuita (artículo 22) y el decreto de la Comunidad que regula todos los aspectos del turno de oficio establece que los servicios de orientación jurídica sólo pueden ser prestados con dinero público por los colegios de abogados".

CAMBIO DE MODELO ASUMIDO POR EL NUEVO EJECUTIVO

"Pero el anterior Ayuntamiento, presidido por Manuela Carmena, decidió sacar esto a concurso publicitándolo el 24 de mayo, días antes de las elecciones", ha apuntado el presidente de la asociación de letrados, algo que "ha sido aceptado por el actual delegado (de Servicios Sociales), Pepe Aniorte". La anterior Corporación abrió la prestación del servicio mediante la convocatoria de un concurso que contó con la 'luz verde' de Intervención General, informan a Europa Press fuentes de Más Madrid.

Los socialistas, con Pepu Hernández al frente, se han reunido este miércoles con la asociación, donde se les ha expuesto el cambio que se quiere sacar adelante pasando de un modelo de convenio a otro de contratación.

El edil socialista ha argumentado que el servicio prestado en este momento por el Colegio de Abogados "tiene seguridad jurídica, lo están llevando letrados y abogados" y es "mucho mejor" que "cambiar las condiciones" y que la gestión fuera a parar a "una empresa, una ONG o un bufete de abogados que no necesariamente tendría que utilizar abogados sino que podrían ser simplemente licenciados en Derecho".

En Altodo destacan que el servicio de orientación jurídica en este momento lo presta el Colegio de Abogados a través de "profesionales independientes capacitados" dado que para ejercer en él el colegio les somete un examen "muy exhaustivo", unido a que estos letrados son "los únicos capacitados para tramitar estos documentos de justicia gratuita".

EL CONTROL DE LOS LETRADOS

"Ahora esto, si sale el concurso, quedará en manos de una asociación, de una ONG o de un despacho privado y no se exigirá que sean letrados en ejercicio, simplemente vale con que sean licenciados en Derecho. Tampoco nadie va a controlar, excepto el despacho o la asociación, el conocimiento de esos letrados y puede ocurrir que cuanto menos experiencia y conocimiento tenga, más barato les va a salir a estas empresas", lo que derivará en "una merma al servicio al ciudadano".

A eso ha unido que estas personas "no estarán capacitadas ni legitimadas para tramitar la justicia gratuita, con lo que el ciudadano, a pesar de que pueda ir a estos servicios y pedir asesoramiento, luego va a tener que ir igualmente a servicio de orientación jurídica a que le rellenen la prestación y que consideren que ésta es sostenible o no", es decir, aumentarán los trámites burocráticos para el ciudadano.

¿PUERTA A LA PRIVATIZACIÓN?

El presidente de la asociación ha subrayado que con este concurso se "abre la puerta a la privatización del turno de oficio municipal, igual que podrían sacarse las áreas de violencia de género o los asuntos relacionados con extranjeros, para privatizarlo". Ha recordado que en las encuestas los ciudadanos dan un grado de satisfacción al servicio actualmente prestado por el Colegio de más del 80 por ciento.

En la asociación también han cargado contra la publicación del concurso dos días antes de las elecciones municipales y que la apertura de pliegos se retrasara a agosto "para evitar concentraciones de letrados". La licitación está recurrida ante el TSJM por Altodo y por el Colegio de Abogados, quienes han pedido medidas cautelares para la paralización del proceso con el fin de evitar, como explican, que el Ayuntamiento tenga que hacer frente a daños y perjuicios si fueran reclamados por un adjudicatario de fallar la Justicia a favor de los recurrentes.

"NO SE PODÍA GESTIONAR COMO SE VENÍA HACIENDO POR RAZONES JURÍDICAS"

Desde Más Madrid han contestado a Europa Press que el anterior Ejecutivo no actuó con 'agosticidad' sino "de acuerdo con los más estrictos procedimientos legales y con el conocimiento previo del ICAM". El servicio, recuerdan, ha venido siendo prestado por el ICAM mediante un convenio desde 1989 pero "no podía continuar gestionándose como se venía haciendo por razones jurídicas". "No podía ya suscribir un nuevo convenio de subvención sino que estaba obligado en su lugar a licitar un contrato de servicios en virtud de la ley", han añadido.

Más Madrid aclara que "ni el antiguo convenio ni el actual contrato en proceso de licitación tienen nada que ver con la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, siendo distintos los servicios que presta el Ayuntamiento en este caso de los derechos que aquella ley concede a los ciudadanos y cuya prestación es competencia autonómica". A eso han sumado que el ICAM "podía haberse presentado a la licitación y declinó hacerlo".

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