MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -
El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, David Lucas, cifró hoy en "cerca de 300 millones de euros, sino más", el perjuicio económico generado a los madrileños por la ampliación del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) en las zonas 4, 5 y 6, declarada nula por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
Esos 300 millones proceden de los más de 100 del canon pagado por las empresas concesionarias del servicio y de los más de 200 acumulados con las tarjetas de residentes, las sanciones impuestas y los tickets de los parquímetros, explicó Lucas tras arremeter contra la decisión "arbitraria" del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, cuando en 2006 decidió ampliar el SER a varias zonas de la capital, tanto dentro como fuera de la M-30.
Lucas insistió varias veces durante su intervención en que la sentencia del TSJM, que ratifica la anterior del Juzgado Contencioso-Administrativo número 26, "declara nula la ampliación de las zonas 4, 5 y 6, es decir, que nunca existió, no que las haya anulado".
Esto tiene consecuencias directas en los posibles recursos que la ciudadanía puede presentar y que, como apuntan, los socialistas, los vecinos están en posición de reclamar por cantidades "indebidamente cobradas" desde 2006, cuando se aprobó la ampliación, hasta diciembre de 2008, el momento en el que el Gobierno introdujo una disposición adicional a una ordenanza fiscal, recurrida por los colectivos antiparquímetros.
LA AMPLIACIÓN, AL PLENO
El Grupo Municipal Socialista adelantó hoy toda una serie de baterías que pondrá en marcha tras conocer el fallo, no recurrible, del TSJM, encabezada por una proposición en el próximo Pleno para que se deje de aplicar el SER en las zonas 4, 5 y 6, la elaboración de un informe jurídico para conocer la situación de los contratos con las empresas concesionarias del servicio y la necesidad de que el Ayuntamiento habilite los mecanismos necesarios para que los vecinos puedan reclamar. En este sentido se comprometieron a establecer mecanismos de ayuda a través de su página web (www.psoemadrid.org) y de las agrupaciones de los distritos afectados.
Todo ello sin olvidar exigir las debidas "responsabilidades" al alcalde por haber permitido lo que Lucas calificó como una "tropelía", que se suma al intento de Gallardón de "minimizar las sentencias judiciales, el sufrimiento de mucha gente y los derechos fundamentales" al situarse "donde no están las necesidades de los vecinos y sí su promoción política y personal".
Precisamente el regidor trató ayer de quitar importancia a la retahíla de sentencias contrarias al Ayuntamiento de Madrid notificadas en los últimos días argumentando que forman parte de los 6.800 recursos contra el Consistorio, de los que "la mayoría" son ganados por la Administración local.
ANTECEDENTES
El fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid --conocido el pasado viernes aunque fechada en abril-- hace referencia al decreto del delegado de Seguridad y Movilidad, Pedro Calvo, fechado el 16 de febrero de 2006, por el que se acordaba la ampliación de los límites del SER a las zonas y cascos históricos fuera de la M-30 y a algunos barrios de dentro de este perímetro.
Dos años después, el Gobierno municipal presentó un recurso de apelación contra la sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo número 26, que anuló la ampliación. Ahora el TSJM falla en favor de los concejales socialistas Óscar Iglesias y Manuel García-Hierro.
La sentencia apelada por el Ayuntamiento, fechada el 23 de septiembre de 2008, declaraba el proceso de ampliación "nulo por no ser conforme a derecho" al entender que tenía que haber sido un Pleno del Ayuntamiento el que estableciera la ampliación de los límites del SER. El mismo razonamiento fue el dado por el TSJM.
El Consistorio trató de legalizar la ampliación a través de una disposición adicional a una ordenanza fiscal el pasado mes de diciembre, por la que ampliaba la zona de aplicación del SER a través de la normativa de la tasa de estacionamiento de vehículos.
Por su parte, el Gobierno municipal ya expuso días atrás que el fallo del TSJM "no tiene trascendencia alguna en su sentido práctico" y "no afecta en absoluto a su funcionamiento" porque habla de "un defecto de forma pero no se cuestiona el servicio".
Apuntaron además que ya acataron la primera sentencia sobre este asunto, la dictada por el Juzgado Contencioso-Administrativo número 26 en septiembre de 2008, aun no estando de acuerdo con el juez de primera instancia, que dijo que la delimitación del SER se tenía que haber hecho a través de una ordenanza y no por un decreto.