PSOE plantea un texto alternativo a la ley de Aguirre basado en mejorar la convivencia y en más recursos

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea de Madrid presentó hoy una enmienda a la totalidad, con proposición de texto alternativo, al proyecto de ley de la Autoridad del Profesor que, previsiblemente, estará listo para antes de primavera, destacando la necesidad de hacer hincapié en la mejora de la convivencia escolar y en los recursos para desarrollar dicha participación entre toda la comunidad educativa.

La portavoz socialista en el Parlamento madrileño, Maru Menéndez explicó que se trata de un texto que, a diferencia de la normativa del Gobierno regional, "sí que han compartido" con todos los representantes de la comunidad educativa madrileña, y además de estudiarlo con las organizaciones de profesores, han contado con la colaboración de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de la Comunidad (FAPA) Francisco Giner de los Ríos.

A su juicio, nace como "modelo alternativo" frente a la ley "inútil" y con unos valores "muy alejados de la mejora de la convivencia". Y es que, en opinión de los socialistas madrileños, no sólo se pueden abordar los problemas desde la vía sanción, y es necesaria "la implicación del alumnado". "Es fundamental resolver los conflictos por vías pacíficas y las sanciones derivarlas a cosos de especial gravedad", apuntó.

Precisamente, este punto se aclara en el segundo de los cuatro títulos que tiene el texto, el que habla sobre la mejora de la convivencia escolar. "El aprendizaje de la convivencia es un elemento fundamental del proceso educativo y así debe expresarlo el proyecto educativo de cada centro", reza la propuesta socialista, que destaca que "todos los miembros de la comunidad educativa de un centro tienen derecho a convivir en un buen clima escolar y el deber de facilitarlo con su actitud y su conducta en todo momento y en todos los ámbitos de la actividad del centro".

Asimismo, establecen que corresponde a la dirección y al profesorado de cada centro, en ejercicio de la autoridad que tienen conferida, "y sin perjuicio de las competencias del consejo escolar en esta materia", el control y la aplicación de las normas de convivencia. "En esta función deben participar los demás miembros de la comunidad educativa del centro y la dirección debe garantizar la información suficiente para esta participación", añade.

AUTORIDAD PÚBLICA PARA FUNCIONARIOS

Uno de los puntos que más dista del proyecto de ley del Gobierno regional es el que se refiere a la autoridad pública de los profesores. Los socialistas consideran que esta autoridad como tal sólo la pueden tener los funcionarios docentes, tal y como establecen las normativas estatales, porque creen que ni el Ejecutivo autonómico ni ellos tienen competencia para hacer extensible esta autoridad al resto de profesores.

Uno de los portavoces adjuntos del Grupo, Adolfo Navarro, aclaró que si bien todo el texto es de aplicación para todos los centros de la Comunidad de Madrid, en el asunto de la autoridad pública, lo que los socialistas recogen "es que las normas estatales ya recogen la autoridad pública para los funcionarios públicos mientras que Esperanza Aguirre lo extiende sin tener competencia para ellos a los concertados y privados cuando es imposible que ella regule ese tema".

En el texto, se habla de que la autoridad pública del profesorado es inherente al ejercicio de su función docente y a su responsabilidad a la hora de desempeñar su profesión en todos aquellos aspectos recogidos en el artículo 91.1 de la Ley Orgánica de Educación (LOE), que establece cuáles son las funciones del profesorado.

Asimismo, explican que el profesorado ocupa una posición "preeminente en el ejercicio de sus funciones docentes, en el que goza de autonomía, dentro de los límites que determina la legislación y en el marco del proyecto educativo" y que, el personal funcionario docente, además de la autoridad profesional y moral que le es propia, en aplicación de la legislación estatal vigente en el ordenamiento jurídico, ostenta la condición de autoridad pública.

Esta autoridad pública la tiene en el ejercicio de sus funciones administrativas y disciplinarias como funcionario público y, por tanto, cuenta "con la protección penal que de ellas se deriven". Ante esto, considera que la Consejería de Educación, en el marco de sus competencias, velará por que el profesorado reciba el trato, la consideración y el respeto acordes con la importancia social de su tarea.

"A tal fin, promoverá entre los padres y madres de alumnos y en la sociedad en su conjunto campañas que resalten en positivo la tarea del docente y promuevan la consideración y el prestigio social que merecen", señala el texto alternativo, que también pide que Educación de prioridad al cumplimiento de las medidas de mejora de las condiciones en las que el profesorado realiza su trabajo, en el marco de la negociación con los representantes de los trabajadores de la enseñanza.

PLAN DE CONVIVENCIA

Por otro lado, se establece que todos los centros educativos madrileños contarán con una Comisión de Convivencia, constituida en el seno del Consejo Escolar del centro, que será la encargada de elaborar el Plan de Convivencia. Para su elaboración, se tendrán que seguir las fases de diagnóstico de la situación, propuestas de mejora, seguimiento y evaluación, y en él participarán "de forma activa todos los miembros de la comunidad educativa y especialmente los alumnos y padres".

Para todo ello, indican que la Consejería de Educación se tiene que comprometer a dotar a los centros educativos y equipos de orientación de zona de los recursos humanos necesarios: un profesor coordinador del Plan de Convivencia del Centro, un Grupo de Mediación en conflictos, constituido por representantes de toda la comunidad educativa; y más orientadores, en especial en aquellas zonas que tengan una proporción mayor o igual al 10 por ciento de alumnado con desfase curricular o necesidades específicas de apoyo educativo.

También piden que el Gobierno regional desarrolle medidas para apoyar a las víctimas de la violencia escolar, y para ello, deberán contar con el apoyo psicológico y médico necesario cuando así lo requieran, la protección necesaria para que se garantice su derecho a la intimidad y la asistencia letrada gratuita para el profesorado y personal de administración.

Dentro de la tutela institucional, abogan por la creación de un Observatorio Regional de la Convivencia Escolar, que debe estar vinculado al Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid y compuesto por representantes de la Administración educativa, sindicatos, organizaciones estudiantiles, organizaciones patronales, federaciones autonómicas, entre otras. Deberá asesorar, recoger información, elaborar informes periódicos, y difundir buenas prácticas.

En la misma dirección, establecen la promoción de la convivencia en el ámbito de la publicidad y de los medios de comunicación. De hecho, solicitan que el Ente Público Radio Televisión Madrid, en su programación, incorpore contenidos acordes con la prevención de los derechos fundamentales, la erradicación de las conductas violentas o vejatorias y las buenas prácticas.

En las disposiciones adicionales, se habla de garantizar la escolarización en igualdad de condiciones entre todos los centros sostenidos con fondos públicos y de la reducción de las ratios, que en la Enseñanza Secundaria Obligatoria será de 25 alumnos por aula. No obstante, esta ratio disminuirá en función del alumnado con necesidades de compensación educativa. Cuando haya del 10 al 20 por ciento del alumnado de estas características, dos alumnos menos por clase; del 20 al 30 por ciento, cinco alumnos menos; y del 30 al 40 por ciento, una reducción del 8 por ciento.