MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -
Los grupos parlamentarios de PSOE y Podemos en la Asamblea de Madrid han considerado que puede haber una "trama" detrás de la venta de 2.935 pisos del Instituto de la Vivienda de Madrid ( IVIMA) a una filial de Goldman Sachs en 2013 y han exigido revertir la operación.
Así lo han hecho en el pleno de la Asamblea de Madrid, donde han defendido una Proposición no de Ley (PNL), que no ha salido adelante, para pedir revertir la operación, que el diputado de Podemos Marco Candela ha tildado de "chorizada". Lo han reclamado "en base a que la Cámara de Cuentas ha dictaminado que es radicalmente nula", ha precisado Candela.
El parlamentario de la formación morada ha señalado que en esta semana en que el presidente de la Comunidad de Madrid por aquel entonces, Ignacio González, "está detrás de las rejas", les toca pensar que se cometió una "flagrante ilegalidad" y la operación se hizo "de forma chapucera y torticera". "Todo esto huele a trama", ha apostillado.
El parlamentario ha puesto sobre la mesa los que, a su juicio, serían los "señores azules parte de la trama". Se trataría de Ana Gomendio, "imputada por malversación de caudales públicos y prevaricación" por esta operación; el exdirector de Vivienda de la Comunidad, Juan Van-Halen Rodríguez, imputado; el exconsejero del ramo, Pablo Cavero; Ignacio González, "la enésima rana de la charca de la condesa de la corrupción"; la exdirectora del Área Económica, Promoción y Rehabilitación de la Agencia de Vivienda Social, María Jesús Martín Nieto; el actual consejero de Transportes, Vivienda e infraestructuras, Pedro Rollán, y la presidenta autonómica, Cristina Cifuentes.
Candela ha afirmado que cuando se vendieron 3.000 viviendas del IVIMA a una filial de Goldman Sachs "se cometió una chorizada" y "una chapuza", algo que, según ha asegurado, también señala la Cámara de Cuentas en dos informes. Según ha indicado, el informe de fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad de Madrid de 2013 dice que "se vendió a pérdida del común de los madrileños y en beneficio para el fondo buitre".
Además, ha citado un informe del 6 de noviembre de 2015 en el que se reconocen 17 irregularidades, entre las que se encuentran que la operación "no era necesaria, se realizó por 'dedazo', se hizo a sabiendas de que era ilegal", hubo "ocultación de la mano negra detrás de la operación" o que se hizo "con absoluta impunidad".
INDICIOS DE "ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO"
En este mismo sentido se ha expresado el diputado del PSOE José Manuel Franco, quien ha considerado que la operación es "un cúmulo de despropósitos" y de "actos nulos de pleno derecho".
A su juicio, "todos los indicios apuntan a que pudiera haber enriquecimiento ilícito de algunos miembros del PP". "No lo digo yo, lo dice la Cámara de Cuentas en su informe. Es demoledor", ha apuntado el diputado.
El parlamentario ha indicado que en sus comparecencias en el juzgado todos los imputados "hicieron lo mismo", que es "echar la culpa a su antecesor" o a su superior. En este caso, ha dicho que no saben si el superior era el consejero o si "había otro que podía ser el presidente del Gobierno de la Comunidad en ese momento", que era Ignacio González
"No quiero ser malpensado, pero pudiera ser. No quiero creer que la dilación en la resolución judicial encierre oscuras intenciones realizadas por personas que tienen nombre y apellido", ha afirmado Franco, quien ha relatado que el juzgado pidió auxilio a la Agencia Tributaria para que les ayudasen a "desentrañar la trama económica", el "pelotazo" y ésta tardó casi un año.
En ese momento la delegada de la Agencia Tributaria era Raquel Catalá Polo, ha añadido a renglón seguido, para destacar que quiere pensar que la Administración actúa defendiendo los intereses generales y las administraciones no están "al pairo de intereses particulares".
"Tenemos cien millones de euros menos", ha denunciado el diputado de Ciudadanos Juan Rubio, quien ha indicado que el procedimiento de adjudicación fue "dudoso". "Estamos aquí porque engañaron a los madrileños", ha dicho a los populares.
El parlamentario ha señalado que no hay sentencia que diga que la operación fue ilegal, pero ha añadido que tienen "la certeza de que no es ético,estético ni justo".
"NO ES VIABLE JURÍDICAMENTE"
Por último, el popular José Luis Fernández-Quejo ha sostenido que la transmisión estuvo amprada por la normativa y se realizó observando los principios de publicidad, concurrencia, transparencia y objetividad. Además, ha señalado que el Contencioso ha denegado en cuatro ocasiones la adopción de medidas cautelares de suspensión de la adjudicación.
El diputado, que ha afirmado que la PNL no es viable jurídicamente, ha contestado al diputado de Podemos afirmado que "ninguna persona" de las que ha nombrado está condenada y le ha acusado de ampararse en la inmunidad parlamentaria y de acudir a la Asamblea "a difamar".
